La fiscalía sostiene que la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia (TSJB) contra Penalva y Subirán por las presuntas ilegalidades cometidas durante la instrucción no afectan al juicio del caso Cursach. «Están bajo sospecha, pero eso no quiere decir que todas sus actuaciones estén bajo sospecha», concretó el fiscal Tomás Herranz, que se encargó de replicar al abogado de Cursach. Además, sostuvo que la causa no puede ser anulada sin celebrar la vista oral, como solicitan los letrados de las defensas.
Herranz consideró que el reciente auto del TSJB que amplía los supuestos delitos por los que deben ser juzgados el exjuez y el exfiscal -prevaricación, amenazas, revelación de secretos y obstrucción a la justicia- «no afecta a los que son objeto de enjuiciamiento» en el juicio a Cursach, Sbert y los 14 policías locales acusados. «No están bajo sospecha en estos hechos», argumentó el fiscal. El representante del ministerio pidió así al tribunal que no considere la cuestión previa planteada por el abogado de Cursach para anular todo el procedimiento y decretar la absolución sin celebrar el la visto oral.
Sin embargo, Herranz señaló que «otra cosa distinta es que las actuaciones de Penalva y Subirán» sean consideradas nulas por no ajustarse a la legalidad. Pero incidió en que «solo puede llegarse a esa conclusión tras la celebración del juicio».
En el mismo sentido, el abogado de la acusación particular Álvaro Martín, que representa a varios empresarios denunciantes, aseguró que «no hay nexo de causalidad entre la recusación de Penalva y la vulneración de derechos» que esgrime la defensa.
En su réplica al letrado del magnate, la fiscalía atribuyó a una «deficiente práctica procesal» algunas de las cuestiones planteadas por la defensa, como el hecho de que algunas de las diligencias se llevaran a cabo bajo secreto de sumario y sin que el resto de partes tuvieran acceso a ellas o la incoación de una pieza separada de la causa matriz.
Herranz replicó también al abogado de Cursach que los hechos atribuidos al empresario sí están definidos en su escrito de acusación. «El relato está claro», afirmó. En concreto, señaló que le acusa de haber orquestado una campaña de inspecciones sistemáticas por parte de agentes de la Policía Local de Palma contra la discoteca Level/Divino, situada en el Paseo Marítimo y competencia directa de Tito’s. Recibió 33 sanciones en tres años. También de haber intervenido para modificar un acta policial levanta contra uno de sus locales, que continuaba abierto pese a que su actividad había sido paralizada. No precisó, sin embargo, por qué en uno de los apartados de su escrito considera a Cursach autor de delitos de grupo criminal, prevaricación y coacciones pero la petición de pena de este último aparece tachada.
Libertad al resto de acusaciones
El fiscal Herranz también se pronunció sobre el papel de las acusaciones particulares que se habían adherido al escrito de acusación del ministerio público tras las drásticas modificaciones de este. Defendió que pueden mantener el primer documento de la fiscalía, que solicitaba condenas de ocho años y medio de prisión para Cursach y Sbert y sostenía que ambos habían sobornado a los policías para que durante años actuaran en su beneficio. Los abogados defensores pretenden que se acote el ámbito de actuación de los acusaciones particulares e incluso varios de ellos quieren que se les expulse del proceso al entender que no tienen legitimidad.
