Por fin, nueve años después de que empezara la investigación de la trama de corrupción empresarial, policial y política, abierta en 2013, contra el ‘rey de la noche’ mallorquina, Bartolomé Cursach, y su entramado llega este lunes el caso Cursach a la Audiencia de Palma. Arranca con la exculpación a algunos de los encausados por parte de una de las acusaciones particulares que representa a empresarios de Palma y Calvià, siguiendo a la fiscalía, que recortó imputaciones.

Lo avanzó ayer IB3, citando al abogado Álvaro Martín, que representa a una de las acusaciones particulares. No obstante, continuarán con la causa contra Cursach y Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, entre otros. El letrado explica que mantener acusaciones retiradas por la fiscalía representa una dificultad añadida.

La primera sesión de la vista oral del caso Cursach se ha fijado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears, a las 9:45 de la mañana. El juicio Caso Cursach se celebrará en varias salas de vistas en la plaza Mercat, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB). La expectación es máxima: el juicio se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube de la Audiencia. Se prevé que se prolongue hasta abril de 2023.

Parecía que iba a ser el más sonado caso de corrupción de Mallorca con Cursach dirigiendo una supuesta trama de tratos de favor con policías, políticos y funcionarios que duró dieciséis años, pero llega a juicio desinflado tras nueve años de retorcida instrucción. Cursach se sentará desde este lunes en el banquillo de los acusados junto con otros 15 encausados.

A pocos días de que empezara la vista, la fiscalía rebajó su petición de pena de prisión para Cursach de 8,5 a 1,5 años y a 15 años de inhabilitación para toda actividad relacionada con la hostelería y el ocio, por un delito de pertenencia a grupo criminal, así como 10 años de inhabilitación por prevaricación administrativa continuada. También se le atribuyen los delitos de coacciones y cohecho, si bien no se reclama cárcel por ellos. Por fin será juzgado tras un largo recorrido judicial marcado por el procesamiento por revelación de secretos del exfiscal Miguel Ángel Subirán y el ex juez instructor del caso Manuel Penalva, ambos jubilados por incapacidad en 2020 y 2021, respectivamente.

La vista oral con los dieciséis acusados, de los 24 imputados inicialmente, se podrá seguir por Youtube

A una semana del inicio del juicio, el TSJIB acordó juzgar a Penalva y Subirán por los delitos de detenciones ilegales, coacciones a testigos para incriminar al empresario y obstrucción a la justicia durante la instrucción del caso, por lo que se anuló el sobreseimiento acordado anteriormente por el juez instructor.

Desde febrero de 2017, Cursach estuvo casi trece meses en prisión provisional, por orden de Penalva, imputado por cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores, delito contra los trabajadores, falsedad documental, estafa procesal, tenencia ilícita de armas y narcotráfico.

Después de que Penalva y Subirán fueran apartados del caso y que los nuevos fiscales, Juan Carrau y Tomás Herranz, retiraran acusaciones y descartaran la gran mayoría de los presuntos delitos contra Cursach por falta de pruebas o inconsistencia de algunos de los testigos, se sentarán en el banquillo de los acusados 16 de los 24 imputados inicialmente.

El supuesto caso de corrupción, que se empezó a investigar en 2013, abarcaba en su origen a policías, funcionarios y altos cargos del Govern balear y los ayuntamientos de Palma y Calvià, así como al propio Cursach y a varios de sus empleados.

Ahora la Fiscalía circunscribe su acusación al ámbito de la Policía Local de Palma y a las actuaciones presuntamente corruptas del empresario y su ‘mano derecha’, Bartolomé Sbert, para quien la acusación pública pide 3,5 años de cárcel.

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Última actualización 14:09

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"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.

Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.

"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.

"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.

Habla también Sbert. "Nuestros padres nos han inculcado unos valores que hemos transmitido a nuestros hijos. El respeto, el compromiso con tu familia y que la Policía, la justicia, los fiscales eran buenos. De pronto nos encontramos en prisión. Aparece San Antonio [dice sobre su abogado] y me dice que no ve ningún delito y que cree que estamos ante la tormenta perfecta: un juez, un fiscal y un periódico que les daba altavoz", afirma. "Yo he perdido mi trabajo. Destruyeron las empresas que construimos con el señor Cursach. Estoy arruinado, pero absuelto. El que más alegre estaba de estar ante la Justicia era yo. Nosotros no hemos hecho daño a nadie", asegura.

Habla ahora Carlos Tomás, otro de los policías absueltos, que carga contra los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional entre lágrimas. También apoya al policía condenado por acosar a Sonia Vivas.

Interviene también Rafael Amengual, otro de los policías absueltos. "Nunca hice nada delictivo. Me buscaba la vida como cualquier otra persona y siempre he mantenido el uniforme limpio", afirma. "A mi padre le prometí que limpiaría el nombre mi familia y ahora creo que por fin lo podré limpiar. Y mi padre, ahí donde esté, lo verá", dice entre lágrimas. "Espero que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado con nosotros. La Policía Local puede volver a llevar la cabeza bien alta", concluye.

La presidenta del tribunal escucha emocionada y secándose las lágrimas las declaraciones de los acusados.

También toma la palabra Jaime Nadal, funcionario del Ayuntamiento de Calvià absuelto. Habla de su paso por el proceso como una "selva oscura". "Como servidor público, ese grupo organizado pretendió arrebatarme lo único que poseo: el trabajo bien hecho y la credibilidad delante del administrado. Se me pretendió arrebatar de cuajo un trabajo de 30 años", afirma. Agradece la labor de los fiscales y de sus abogados.

"Estirando de ese hilo, aquí ha salido ese interés político en vilipendiarnos", añade Franco, que relata las consecuencias personales que ha tenido para él y su familia. "Soy policía desde hace 28 años y estaba cansado de decirles a detenidos que en el juzgado se aclararían las cosas. Hasta hoy había prometido que no volvería a decirlo. Creo que ahora lo podré volver a decir".

Interviene también otro Feliciano Franco, policía que también ha acabado absuelto: "Se nos acusó de cosas que se han demostrado inciertas. Rozaba lo grosero", señala. Acusa al Ayuntamiento de "connivencia" y apunta a la regidora Angélica Pastor. "¿Por qué? Mi opinión es que son ocho años de legislatura de un pacto de progreso que sacó un rédito impresionante de fustigarnos públicamente en la plaza de Cort", sostiene. También defiende a Rafael Puigrós, condenado por el acoso a Sonia Vivas.

Prosigue Torres: "A riesgo de que el tribunal me riña, diré que hoy en día hay un gran profesional en prisión. Rafael Puigrós está condenado por una investigación que hicieron el mismo equipo. Se merece una revisión de su condena".

El otro policía acusado renuncia a la última palabra. Sí lo hace Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde que ha sido absuelto. "Todos volveremos a creer en la Justicia y ustedes son los responsables. Hemos pasado siete años y medio muy duros", afirma. Apunta a intereses espurios de uno de los policías que ha sido testigo de las acusaciones. "Vicente Gómez quería mi plaza y la forma ha sido esta", sostiene. "Hubo otro incidente. Un día vino Subirán con un alto cargo del PSOE que tenía un problema de ruidos de aires acondicionados en su casa. Le traté exquisitamente. Le expliqué el procedimiento. Le puse uno de los mejores técnicos en mediciones sonométricas. A los cuatro o cinco meses empezó a llamarme para ver qué había de lo suyo. Apareció en el cuartel y empezó a hacer quejas un día tras otro, diciéndonos de todo. Al cabo de dos semanas, Subirán fue al despacho del intendente jefe Antonio Vera. Estaba fuera de sí. Vera me llamó para que fuera con el expediente. No dijo de todo y cuando salió, nos dijo: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no suelto'". "Yo fui a prisión nueve meses y medio, estuve tres años y nueve meses suspendido de empleo y sueldo y el que hizo la medición estuvo un mes en prisión. Esta fue la mordedura del fiscal".

Gabriel Mayol, uno de los policías aún acusados, hace uso de su derecho a la última palabra: "Creo que volveré a creer en la justicia. Estaba totalmente decepcionado. Yo no lo pasé tan mal como lo ha pasado mi esposa, que es trabajadora del juzgado. Durante toda la instrucción, en los pasillos, los instructores le hablaban de mí. Eso me dolió mucho. Ha tenido que venir a verme a prisión a Palma, a Logroño y a Castellón. Por lo demás, quiero agradecer a la gente que ha trabajado mucho para defendernos y que saliera a la luz todo lo que nos ha pasado. El ministerio fiscal nos han dejado... No sé cómo agradecérselo. Realmente es para quitarse el sombrero".

"El tribunal ha actuado con rigor y escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Me he tenido que emplear a fondo pero lo único que he pretendido es que todo el mundo pudiera defenderse", expone la presidenta del tribunal, Samantha Romero.

Concluye Oliver.

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