Podemos quiere restringir en todas las islas la venta de viviendas a quienes no hayan residido dos años en Baleares. La formación morada presentará mociones en todos los Consells Insulares para "garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Además, instan al Govern a que realice las "gestiones necesarias" con la SAREB, el llamado 'banco malo', para que su parque de viviendas y su suelo urbanizable pase a ser de dominio público, y así poder ofrecer alquiler social. La propuesta ya ha sido entregada a sus socios del Pacto de PSOE y Més.

La secretaria de coordinación de Podem Mallorca, Aurora Ribot, la secretaria de coordinación de Podem Menorca, Cristina Gómez, y la secretaria de coordinación de Podem Ibiza, Viviana de Sans, han presentado esta mañana todas las propuestas en Palma.

En este sentido, desde Podemos también exigen que se declare toda Mallorca como zona tensionada para la nueva ley de vivienda estatal. Así, piden que se rebaje de 10 a 5 el número de viviendas para ser considerado gran tenedor en la ley de vivienda de Baleares y, por tanto, que se desarrolle reglamentariamente esta ley "de manera inmediata". Baleares cuenta con más de 71.000 viviendas vacías y, según los datos del ministerio de Hacienda, en las Islas hay más de 9.000 grandes tenedores, esto es, que tienen 10 o más viviendas en propiedad.

Denuncian que el problema del acceso a la vivienda en las Islas se ha convertido en un "problema estructural" que se va agravando "año a año". Ponen el foco en la especulación inmobiliaria y la presión que ejerce el turismo sobre la vivienda, no solo por las estancias turísticas sino por la compra de segundas residencias que solo están habitadas pocas semanas durante el año.

Pese a que el acceso a la vivienda es un derecho constitucional, denuncian que en Baleares "no está garantizado" ya que las familias deben destinar hasta el 50 por ciento del sueldo a esta cuestión. Asimismo, critican que la vivienda pública es "manifiestamente insuficiente" porque, hasta el 2021, solo representaba el 0,3 por ciento del total. Esto contrasta con las 8.000 personas que están en lista de espera del IBAVI para conseguir un alquiler.