Los agentes de la Guardia Civil que han investigado el llamado caso Puertos utilizaron todas las maniobras posibles para obtener pruebas, que demostraran el presunto amaño de concursos orquestado desde la Autoritat Portuària de Balears. Uno de los métodos fue espiar una reunión que mantuvieron los directivos de este ente público, con el expresidente Joan Gual de Torrella al frente, que tuvo lugar en un restaurante de Palma el día 27 de mayo del año 2020, un mes y medio antes de que se realizara el registro en las oficinas de la APB.
Los investigadores se enteraron que Juan Gual de Torrella se iba a reunir ese mediodía con sus más próximos colaboradores en un restaurante de la calle Golfo de Cádiz, en Palma. Un encuentro al que acudieron los directivos de este ente público de puertos, Miguel Puigserver, Juan Carlos Plaza y Armando Parada, todos ellos investigados. También acudió a la comida una trabajadora de la APB.
La comida transcurrió desde las 15.20 horas a las 18.45 horas y en el restaurante también se encontraban, sin ser identificados, dos agentes de la Guardia Civil, que estuvieron espiando a los directivos investigados. Se colocaron en una mesa próxima a la que se habían sentado los sospechosos y colocaron un micrófono para espiar y poder conocer el contenido de la conversación que mantenían durante esta comida. Así, se pudo confirmar que el tema principal de este encuentro era la gestión que iban a realizar para resolver la concesión de las instalaciones portuarias de Eivissa, un concurso público sobre el que existe la fundada sospecha de que fue amañado. La grabación obtenida en este encuentro es de muy mala calidad y apenas se ha podido transcribir su contenido. Sin embargo, de lo poco que se puede escuchar con claridad es que el tema principal de la conversación fue sobre dicha concesión de Eivissa.
La detención de la cúpula de la APB se aceleró al tener constancia la Guardia Civil que uno de los directivos había recibido un chivatazo de que le investigaban.
En el sumario del caso queda claro que estos directivos buscaron una fórmula jurídica para que la asociación del Club Náutico de Ibiza, que venía explotando la instalación desde hacía medio siglo, siguiera disfrutando de esta concesión. Así, se cumplía también el deseo de las fuerzas políticas de Eivissa y del resto de la comunidad autónoma, que apostaban por una continuidad y al mismo tiempo evitar que una empresa externa pudiera hacerse con el control de la instalación náutica. En el sumario se constata que los directivos buscaron la influencia de políticos afines para modificar la normativa, para lograr defender a los clubes náuticos tradicionales, que son sociedades sin ánimo de lucro. Gual denunció un intento de extorsión de una empresa que se había presentado al concurso.
