Las acusaciones personadas en la causa contra el juez, el fiscal y los cuatro policías que investigaron el caso Cursach reclamarán elevadas condenas de prisión para ellos, según indicaron ayer varios abogados de los demandantes. También contemplan exigir abundantes indemnizaciones por los perjuicios sufridos. Los delitos imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) a Manuel Penalva, Miguel Ángel Subirán y los agentes por las presuntas ilegalidades cometidas durante la instrucción llevan aparejadas importantes penas de cárcel inhabilitación, aunque estas últimas no afectarían al exjuez y el exfiscal porque están ya jubilados.
La sala de la civil y penal del TSJB, remozando las conclusiones del magistrado Carlos Gómez, ha ampliado notablemente la lista de delitos por los que los seis acusados deben ser juzgados en este procedimiento. Gómez cerró la investigación imputándoles solo delitos de revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos por supuestamente facilitar información a un periodista. Pero los magistrados Pedro Barceló, Antonio Terrasa y Fernando Socías consideran que existen indicios de criminalidad por otros episodios, como sostienen la fiscalía y las acusaciones particulares.
A la revelación de secretos, para la que el Código Penal contempla hasta tres años de cárcel, se añaden ahora varias imputaciones de prevaricación -penada con varios años de inhabilitación- por dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran. Entre ellas, las detenciones de 15 personas durante la investigación del llamado caso ORA, sobre un posible amaño en la concesión del servicio al empresario Antoni Roig. El TSJB considera que existen indicios de que los arrestos no tenían base legal y que, en el caso de los padres y el hermano Álvaro Gijón, fueron arbitrarios. En estos casos algunas acusaciones prevén reclamar condenas por un delito de detención ilegal.
El auto añade también como hechos punibles las presuntas presiones a sospechosos para que declarasen contra otros investigados, asegurándoles que de no hacerlo acabarían siendo imputados o encarcelados. El TSJB considera que podrían constituir delitos de amenazas -penado con entre uno y cinco años de cárcel, coacciones -entre seis meses y tres años- y obstrucción a la justicia -entre uno y cuatro años-.
También aprecia la sala indicios de criminalidad por un delito de falso testimonio -hasta tres años de cárcel- en grado de tentativa imputado a Subirán por intentar modificar la declaración de un testigo para incriminar a un policía local.
El auto del TSJB enumera diversos hechos por los que las acusaciones prevén solicitar condenas separadas y no de forma continuada, lo que disparará la lista de delitos imputados y, por tanto, los años de prisión reclamados, según las mismas fuentes. La decisión del tribunal, que ha tardado un año en resolver los recursos, no puede ser recurrida, por lo que Penalva, Subirán y los cuatro policías del grupo de Blanqueo serán juzgados por estos delitos.
Los magistrados han desestimado, sin embargo, muchos de los argumentos de las acusaciones y ha rechazado que el exjuez, el exfiscal y los agentes puedan ser acusados de un delito de organización o grupo criminal, el delito más grave por el que se pedía su enjuiciamiento.
