La plataforma Rel-i-Pública, un movimiento ciudadano que aglutina cerca de 200 padres y madres, registró ayer un documento en la Delegación de Gobierno y en el Parlament balear que reclama poner en valor la religión en los colegios públicos de las islas.
La portavoz de la entidad, Margalida Canyelles, aseguró ayer que el escrito ha reunido «entre 300 y 400 firmas» y cuenta con el apoyo de ciudadanos «de derechas, izquierdas e incluso ateos», por lo que han solicitado que se lea en la Cámara balear. El manifiesto reivindica el «desarrollo integral» del alumno, incluida la «inteligencia espiritual», una competencia «exclusiva» de la asignatura de Religión.
A través del documento, la plataforma manifiesta que «el hecho religioso es una realidad antropológica consustancial a la persona» y que, por tanto, «tiene una gran trascendencia en la sociedad». Asimismo, apela al conseller de Educación, Martí March, para recordarle que «un estado aconfesional no está adscrito a ningún sistema de creencias, por lo que no puede imponer ni tan solo la laicidad».
Para estos ciudadanos, la Lomloe tiene «intereses puramente políticos e ideológicos de control, reaccionarios y antirreligiosos, que vulneran claramente los Derechos Humanos y Constitucionales».
Canyelles, que puntualizó que la plataforma defiende «todas las religiones, no solo la católica», lamentó que «ahora hay más intolerancia e ignorancia religiosa que nunca», y lo achacó al «menosprecio» de la educación pública hacia las creencias familiares: «En los tiempos que corren no podemos encerrar a los niños en un conocimiento materialista», añadió.
La portavoz aprovechó para mandar un mensaje «a los de izquierdas»: «Si son tan progresistas, que se abran como en otros lados, al igual que Finlandia o Alemania», dijo la responsable, que consideró que las actuales políticas educativas pecan de una «discriminación absoluta» a los alumnos.
Algunas de las cuestiones que critican es que la materia se imparta fuera del horario escolar —y que, por tanto, los estudiantes que no la escojan puedan irse a casa— o que no compute como otras asignaturas en la media del expediente académico, ni siquiera para pedir becas. También se opusieron a la Junta de Personal Docente de Mallorca y sus «continuas reclamaciones que vulneran la Convención de Derechos de la Infancia», y que «atentan contra la calidad y libertad de la escuela pública».
Respecto a la Ley educativa balear, el documento apunta que «delimita y censura el acceso al conocimiento por puro interés ideológico», y exige a las autoridades locales que sean «humildes» y dejen de «politizar» la enseñanza.
