Balears necesita 21 jueces más para resolver los casos que se denuncian

Según explicó Gómez, la estructura judicial de las islas precisaría de otros 21 magistrados, que se sumarían a los 142 que están trabajando en estos momentos. Sin embargo, este objetivo es prácticamente imposible, entre otras cosas, porque no tendrían espacio donde poder trabajar, por falta de edificios judiciales que se sufre sobre todo la ciudad de Palma. A pesar de las dificultades para trabajar, en la memoria judicial destaca un dato positivo. El año pasado los juzgados de Palma lograron rebajar en un 12,05 el número de asuntos pendientes de resolver, lo que demuestra que se trabajó más que nunca. Aún así, el número de casos que siguen pendientes de dictar sentencia sigue siendo muy elevado, ya que se sitúan en 73.674.

El número de demandas o denuncias presentadas el año pasado alcanza la cifra de 146.775 casos, que es una muy similar a la de los años anteriores, salvo en los meses de pandemia, en los que se tramitaron menos asuntos. La cifra de asuntos resueltos por los jueces fue de 146.376 casos, que es una cifra inferior a las demandas recibidas.

La memoria demuestra que prácticamente todas las jurisdicciones están saturadas, pero la peor situación la padecen los juzgados de violencia contra la mujer, los de mercantil, los de social y los de contencioso administrativo. Lógicamente son los juzgados que vienen acumulando más retraso por la gran carga de trabajo que tienen que asumir.

Balears cuenta con una media de 12,3 jueces por cada 100.000 habitantes. Es un porcentaje que está por encima de la media nacional, que se sitúa en 11,9, pero aún así sigue siendo insuficiente para dar respuesta a todos los casos que se presentan en el juzgado. Las islas siguen en las primeras posiciones de las comunidades con una tasa de litigios más alta. Esta tasa se sitúa en 134,16 por cada mil habitantes, mientras que la media de España es de 128,23. El presidente del TSJB advirtió que esta cifra no es real, puesto que solo se valora la población censada, sin tener en cuenta que las islas reciben a millones de turistas cada año, que también atraen conflictos que terminan en los juzgados.

Otro grave problema que viene sufriendo desde años la administración judicial de Balears es la falta de personal. Casi la mitad de los empleados que trabajan en los juzgados es personal interino, porque los funcionarios que aprueban las oposiciones evitan ser destinados al archipiélago por el alto precio de las viviendas y porque el sueldo que cobran no les da prácticamente ni para vivir. La incorporación continua de estos trabajadores interinos obliga a que tengan que superar un periodo de formación, mientras siguen trabajando, y es frecuente que una vez que aprenden deciden trasladarse a otras administraciones. Esta situación, junto a la alta tasa de litigiosidad, motiva que el porcentaje de retraso en Balears sea algo superior que a la media nacional. Se saben las causas y se conocen también las soluciones, que pasan por crear más juzgados y contratar a más jueces, pero es una situación que depende del Ministerio de Justicia y el dinero que decida invertir en Balears. Carlos Gómez señaló que no todos los problemas se resolverían traspasando las competencias de Justicia al Govern.

Uno de los problemas que más preocupan al presidente del TSJB es la falta de edificios adecuados y la carencia de espacio. Gómez afirma que no se necesita una ciudad de la justicia, pero sí es necesario que Palma cuente con un nuevo edificio. Ya se está trabajando en ello y se está en contacto con el Ajuntament, si bien el magistrado no quiso adelantar la ubicación del solar donde se levantará esta futura construcción.

Esta carencia de espacio se traslada a prácticamente todos los partidos judiciales de las islas, pero la peor situación la padece el juzgado de Ciutadella, que Gómez calificó ayer de «impropio para trabajar». El presidente del TSJB reconoció que no existe una solución a corto plazo.