El presidente de la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone), Miguel Pérez-Marsá, se reunió ayer con la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, para trasladarle su apoyo sobre la regulación de fiestas ilegales en Baleares.

En una nota de prensa, Abone trasladó su satisfacción con la normativa porque supone una «flagrante competencia desleal» para el sector de ocio y entretenimiento.

Durante la reunión, los representantes de la patronal recalcaron su deseo de que la regulación se cumpla y se apliquen las sanciones pertinentes.

Así, la asociación prevé seguir manteniendo reuniones con las administraciones municipales para informarse en qué medida Abone puede ayudar en la persecución de las ilegalidades.

Además de Pérez-Marsá asistieron al encuentro Pere Joan Navarro, miembro de la junta, y Miquel Planas, asesor jurídico de la patronal, y el director General de Emergencias e Interior, Jaume Barceló.

El nuevo decreto ley que modifica la Ley de Actividades de Balears prohíbe en toda clase de viviendas privadas y demás espacios la organización, comercialización, publicidad y celebración de fiestas ilegales.

Para Abone la normativa es bienvenida porque dichos eventos son «una flagrante competencia desleal» para el sector de ocio y entretenimiento que desvirtúa «el esfuerzo realizado por todos sus asociados durante estos meses posteriores a la pandemia».

La norma prevé sanciones al propietario de las viviendas que acojan las fiestas ilegales, las empresas colaboradoras en la organización, comercialización y su celebración y a los asistentes, recuerdan los empresarios.

El decreto ley aprobado contempla sanciones leves que parten desde 300 euros hasta las graves que ascienden a 300.000 euros .

Un ejemplo de sanción leve castigada con 300 euros sería la simple participación en el evento y podría considerarse grave (ascendiendo la sanción hasta 30.000 euros) si la fiesta implicase molestias a los vecinos, o problemas de orden público.