Limitar el régimen de todo incluido en los hoteles supone en la práctica adoptar la filosofía de Més per Mallorca, dando aire a la oferta complementaria, para que bares y restaurantes y el resto de negocios de los destinos también se beneficien del gasto de los turistas. Fue una de las grandes apuestas de la formación ecosoberanista en la pasada legislatura, cuando estuvieron al frente de la conselleria de Turismo Biel Barceló y después Bel Busquets, con el actual coordinador del partido, Lluís Apesteguia, como su jefe de gabinete. Desarrollaron su iniciativa profusamente, provocando pánico entre los empresarios, que rechazan su regulación en toda la isla. Terminó aquel primer Govern del Pacto y para no contrariar al sector hotelero se quedó en el cajón.
La historia se ha repetido en el segundo Ejecutivo Armengol. Los socialistas se han salido con la suya, en defensa de los hoteleros. Los empresarios han tenido que tragar con la moratoria o el decrecimiento de plazas ligado a las reformas —suavizado vía enmienda por el acuerdo entre El PI y PSIB, Més y Unidas Podemos— en la nueva Ley de Turismo en tramitación parlamentaria, pero el todo incluido se ha salvado. Su regulación se reduce a que los autodispensadores de alcohol de los hoteles no pueden ser manipulados directamente por los huéspedes.
Més quiso jugó a incluir de nuevo la su enmienda para regular el todo incluido, pero no pasó de ser un gesto al no contar con el apoyo socialista.
Quizás por ello los empresarios —hay diversidad de cadenas afectadas, además de hoteles independientes— acatan el todo incluido light del decreto de excesos restringido a Platja de Palma, Magaluf y Sant Antoni, justificado por la lucha contra el turismo de borrachera. El resto de destinos y hoteles siguen fuera de su regulación en la segunda legislatura del Pacto.
