Desde su puesta en marcha hace 35 años, el Servicio de Asistencia Social en los Juzgados (SASJ), destinado a acompañar a personas implicadas en un procedimiento judicial, ha atendido a más de 10.000 personas en Balears.

Desde que la conselleria de Asuntos Sociales financia este servicio público, primero a través de subvenciones y a partir de 2018 por concierto social incorporado a la Cartera de Servicios de la Comunidad Autónoma, pasó de asistir a 400 usuarios anuales, a cerca de 1.000 en la actualidad. Estos últimos años, además de Palma, la oferta se ha ampliado a Manacor, Inca, Menorca e Ibiza.

El objetivo es asistir a los implicados en procesos judiciales, ya sean acusados, víctimas, denunciantes, demandantes, testimonios o cualquier otra situación jurídica. Además de informarles y asesorarles sobre los recursos a su abasto, también se llevan a cabo intervenciones psicosociales y se les ayuda en trámites y gestiones. Se caracteriza, en lo esencial, por ser un servicio que atiende a personas en situaciones de vulnerabilidad social en un entorno exclusivamente pericial y valorativo.

Lo explicó ayer la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, en el acto celebrado en los juzgados de Vía Alemania para anunciar que la cartera ha suscrito un concierto de cuatro años con la Fundación IRES, que se encarga de ofrecer este servicio desde que echó a andar, para garantizar su estabilidad.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Carlos Gómez, explicó durante el acto que «el trabajo de la Fundación IRES permite a los jueces ser más humanos y ofrecer a las personas una oportunidad de reinserción, tal vez la última que tengan, para no desvincularse de la comunidad a la que pertenecen». Gómez fue uno de los impulsores del SASJ, antes llamado Servicio de Atención Social al Detenido.

Santiago, por su parte, remarcó la importancia de que los servicios sociales «se enfoquen a los usuarios en condición de fragilidad, también emocionalmente» y «compensen las situaciones de igualdad» en la población.

Y es que, en muchos casos, el SASJ facilita la detección y la atención de una gran cantidad de problemáticas sociales, como la drogodependencia, la violencia familiar y de género, los conflictos vecinales, la marginación o los trastornos de salud mental. Cuestiones que, pese a que tengan consecuencias judiciales, también requieren ser abordados desde su dimensión social, señaló la consellera.

En el vídeo difundido por la Conselleria para dar a conocer el servicio, un usuario anónimo, que llegó al SASJ por recomendación de su psicólogo en la prisión, explica que los técnicos de la organización le han acompañado en el proceso de aceptarse a sí mismo y recuperar su libertad tras haber estado en la cárcel: «Me ha ayudado a creer en mí», confiesa.

Por estos motivos, el Govern ha decidido garantizar la continuidad del servicio gratuito con un concierto de cerca de un millón de euros (964.605) para los próximos cuatro años. En cualquier caso, el organismo también presta asistencia técnica a las familias de los afectados y a los profesionales, tanto del ámbito judicial como los sociosanitarios.