Mallorca es pionera en legislar contra el turismo de borrachera, un texto que es un encanto. Palma fue portada del New York Times por pararle los pies a Airbnb, una norma que da gusto verla. A continuación, los turistas borrachos ganan por mayoría absoluta y el mapa de Palma está más perforado de anuncios de pisos en alquiler que si hubiera sido tiroteado por un batallón ruso.
La legislación turística equivale a presumir de un magnífico Ferrari cuando solo se ha adquirido la carrocería, sin un motor que lo haga funcionar. Una selectividad deliberada, porque jamás se impondría una reglamentación que pudiera ser exigida mediante los servicios de inspección y sanción.
El alquiler turístico no solo demuestra la falta de mérito del negocio hotelero, al alcance de cualquier vecino con una habitación libre porque la demanda existe. Tampoco limita su influjo nefasto a la aparición de entes nebulosos como Habtur, a quienes nadie ha votado pero que se erigen como interlocutores del poder con la misma firmeza esgrimida por la fantasmagórica patronal de cruceros, que desembarcó en Palma con aires de Putin.
Ya que no van a cumplirse, es esencial simplificar las normas. Artículo Primero: Ningún alquiler turístico en que el dueño no esté al alcance de los vándalos a quienes arrienda. Artículo Segundo: Todo ingreso por alquiler turístico se repartirá entre los vecinos del inmueble afectado.
