El Gobierno y las comunidades autónomas se han comprometido a que en 2026 ningún menor de seis años tutelado por las administraciones viva en centros de acogida residencial y a que antes de 2031 tampoco lo hagan los menores de diez años. Es una de las medidas recogidas en el Plan de Acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia, al que ha dado luz verde, por unanimidad, la Conferencia Extraordinaria conjunta de Igualdad, Infancia y Adolescencia, celebrada de forma telemática y presidida por las ministras del ramo, Ione Belarra e Irene Montero.
Este acuerdo se produce pocas semanas después de que una comisión europea se trasladara a Palma para investigar los casos de menores tuteladas que fueron explotadas sexualmente. La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, anunció que propondría al Gobierno la creación de una comisión de expertos a nivel estatal para abordar y tratar la problemática de la explotación sexual a menores tuteladas.
Cladera explicó que haría llegar esta propuesta de creación de una comisión de expertos al Ejecutivo para que esta problemática se aborde a nivel estatal «como se ha hecho en Mallorca»: «Espero y confío que en esta reunión se aborde la problemática que tenemos con el tema de explotación sexual infantil en toda la sociedad y en todo el territorio, hay que poner el foco en los explotadores».
El objetivo del plan aprobado por Gobierno y autonomías es prevenir la explotación sexual contra la infancia y adolescencia tutelada o acogida por las administraciones, mejorar la atención a las víctimas, y reforzar estructuralmente al sistema de protección para prevenir que se produzcan en un futuro.
Los dos ministerios decidieron reunir a los responsables autonómicos de políticas de igualdad y protección a la infancia tras la sucesión de denuncias sobre abusos sexuales a menores tuteladas en centros públicos, primero en Balears y la Comunitat Valenciana y después en la Comunidad de Madrid.
Este plan de choque se basa en varios principios de intervención: el enfoque de género, ya que en este tipo de violencia las menores son un «blanco de preferencia para los abusadores, proxenetas o explotadores»; la coordinación institucional; la atención individualizada de carácter terapéutico; y el acogimiento familiar como alternativa habitacional frente al centro residencial.
Reducir la incidencia en centros
Las medidas del plan están dirigidas por un lado a reducir a corto plazo la incidencia de la explotación sexual en los centros de acogida pero también a llevar a cabo, a medio y largo plazo, «modificaciones estructurales» del sistema de protección dirigidas para solventar las debilidades del sistema que impiden prevenir este tipo de violencia.
A corto plazo, el Plan contempla la formación especializada a todos los trabajadores de los alrededor de 1.300 centros que hay en las comunidades. Asimismo incluye algunas de las herramientas contempladas en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia como la elaboración de un protocolo contra la explotación sexual en los centros, y una guía que le acompañará de actuación, detección, notificación y derivación de casos.
Esta guía comprenderá, entre otros, un catálogo común de indicios e indicadores para la detección de víctimas, pautas concretas sobre notificación y derivación de casos y un procedimiento de intervención coordinada que garantice la recuperación de las víctimas. Se crearán servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, que se pondrán en marcha en el primer semestre de este año, según el plan.
Protocolo contra las fugas
Incluye un «sistema de monitoreo» de la calidad de la transición a la vida adulta de los menores y el desarrollo de un protocolo de actuación para todas las comunidades ante la desaparición y fuga, que articule el sistema de protección, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Fiscalía; y que cuente con un formulario único de notificación de casos de desaparición.
Asimismo, contempla la reducción antes de 2031 del número medio de plazas por centros hasta 15 en todo el territorio y transformación progresiva de los centros de más de 30 plazas, «ya sea cerrándose o convirtiéndolos en centros de protección con hogares independientes».
