La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha remitido un escrito a la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, en el que cuestiona que el Govern pretenda tramitar y adjudicar los proyectos mediante un procedimiento de urgencia. Según publicó ayer el BOIB, el Gobierno de España insta al Ejecutivo autonómico a iniciar una negociación para acometer modificaciones de los artículos 7,19,22 y 25, así como la disposición final cuarta de la Ley 4/2021 de 17 de diciembre de Medidas para ejecutar los proyectos Fondos Europeos.
«Mediante esta ley se declara que a todas las actuaciones y los procedimientos administrativos que comporten expedientes de gasto que deban financiarse con los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU se les debe aplicar la tramitación de urgencia y el despacho prioritario», apunta el artículo 7 de la norma cuestionada por el Estado. Acto seguido, en su apartado tercero, añade: «En el ámbito específico de la contratación pública, debe aplicarse la tramitación urgente del expediente».
A todo ello desde Madrid no lo consideran lógico, pese a que el Govern especifica que no se acortan los plazos, pero si que se flexibilizan controles. En concreto, el artículo 19 también cuestionado por el Estado apunta que el plazo máximo para los criterios de la valoración de las ofertas es de 10 días y el de adjudicación un mes.
Dicha norma es la que permite otorgar subvenciones de 6.000 euros de forma directa y con una única declaración de responsabilidad, agiliza trámites de gestión y contratación y es el que da el beneplácito al Govern para dotar a la Oficina de Fondos Europeos de funcionarios afines, en concreto cinco jefes de departamento.
Asimismo, en su función de ley escoba, el Govern quiso que este decreto le permita dar validez jurídica a la aprobación y tramitación de proyectos para la reactivación económica y el cambio de modelo productivo. Sin embargo, el Estado no cuestiona que el Govern pueda dar sobresueldos a los funcionarios afines que contrate para tramitar los fondos europeos como contempla la norma aprobada por el Ejecutivo e impulsada por la conselleria que dirige el menorquín Miquel Company.
Hay que recordar que el Govern también aprovechó el decreto ley sobre fondos europeos para arreglar la bajada de sueldo de casi el 3% que aplicó al personal sanitario del IB-Salut a principios de año 2021. Aquella decisión provocó duras críticas de los sanitarios.
Bienestar Animal | El Ejecutivo pide a Madrid que respete la ley autonómica
La conselleria de Presidencia ha remitido al Gobierno de España un escrito con las recomendaciones y las sugerencias de diferentes departamentos del Govern para el Anteproyecto de ley de bienestar animal, en respuesta a la solicitud del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que gestiona Podemos, para que las comunidades autónomas hicieran sus aportaciones para enriquecer la ley.
De este modo, el Govern pide que el Estado respete las competencias que se gestionan desde la comunidad autónoma, como es el caso de los animales de compañía, la agricultura y la ganadería, la protección del medio ambiente y el ecologismo y la sanidad animal, y que la ley estatal no regule ningún aspecto que no entre en su marco competencial. Es el caso de algunas modalidades de caza, como el tiro a pichón, o el sacrificio del cerdo para las tradicionales matanzas y para el consumo particular, entre otras.
El Govern considera conveniente que el Gobierno de España revise de nuevo el contenido del Anteproyecto de ley, actualmente en exposición pública, para adecuarlo a las competencias exclusivas del Estado y evitar las disposiciones que van en detrimento de las competencias autonómicas exclusivas y compartidas.
