El Consell de Govern aprobó ayer el plan de choque para hacer frente al alza desmesurada de los precios provocada por la guerra en Ucrania. Además de los 70 millones en ayudas directas y 36 en créditos blandos anunciados el martes por la presidenta Francina Armengol, el decreto ley aprobado hoy introduce importantes bonificaciones fiscales ampliando hasta un 10% el límite de renta para recibir estas bonificaciones en el IRPF. Asimismo, por primera vez se establece la posibilidad de autoconsumo energético como un derecho de los propietarios de viviendas.
En concreto, según explicó la consellera de Hacienda Rosario Sánchez, se incrementan en un 10% los límites de renta para poder beneficiarse de las deducciones autonómicas del IRPF. Esta medida ya se podrá aplicar en el ejercicio fiscal de 2022. Se trata de deducciones vigentes, por gastos escolares de hijos de hasta seis años; para cursar estudios superiores fuera de la isla de residencia habitual; por alquiler de vivienda habitual por varios colectivos (menores de 36 años, personas con discapacidades y familias numerosas, este año ampliada a familias monoparentales con dos o más hijos o con un hijo con discapacidad); por inversiones en la sostenibilidad de la vivienda habitual; por el alquiler de vivienda derivada del traslado temporal por motivos laborales; por adquisición de libros de texto; por aprendizaje de idiomas extranjeros; o por donaciones relativas al mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico.
El decreto ley también modifica la Ley de Cambio Climático. El Govern considera que «acelerar la transición energética se presenta como la mejor opción en el medio y largo plazo para dejar de depender de combustibles fósiles que vienen del exterior, víctimas de precios volátiles y además contaminantes», según relató el vicepresidente y conseller de Transición Ecológica, Juan Pedro Yllanes. De esta forma, se considera que la mejor manera de abaratar la factura energética de la ciudadanía para incentivar no solo el acceso a las renovables, sino que también blindarán el autoconsumo como derecho. En este sentido, se declararán de interés autonómico todos los proyectos de energía renovable para reducir a la mitad los procesos de tramitación.
También se incorporan otros beneficios fiscales en relación a los vehículos eléctricos y híbridos. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se introduce un tipo reducido para la compra de estos vehículos -un tipo del 0% en el caso de vehículos de emisiones cero y del 2% en los clasificados como vehículos ECO-. En consecuencia, también se aplica una reducción del 50% y el 25% respectivamente del valor de estos vehículos en el impuesto sobre sucesiones y donaciones que cobra el Govern.
4.400 familias en el RESOGA
Por otra parte, la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, avanzó que con el incremento de la Renta Social Garantizada (RESOGA) unas 4.400 familias se verán beneficiadas con el bono social del Govern que cubre aquellos casos en que el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno no llega. Así, pasarán de percibir 491 euros a 565 euros más; un adulto y un menor, de 747 a 859 euros más; y dos adultos y dos menores, de 934 euros a 1.074 euros más.
Las personas que acojan a sus hogares a personas refugiadas también obtendrán beneficios fiscales de los tramos autonómicos. Se aplicará una bonificación en el IRPF de 150 euros por persona acogida con un máximo de 600 euros.
Se revisarán los contratos de obra pública y las concesiones de transporte terrestre
El decreto ley aprobado ayer por el Govern contempla la revisión de contratos públicos y concesiones ante la escalada de precios. La finalidad es compensar a las empresas contratistas de la administración y asegurar el equilibrio económico de los contratos y los servicios afectados.
Ello se aplicará en los casos en que se haya producido una alteración extraordinaria e imprevisible superior al 6% de los precios de los materiales establecidos en el momento de formalizar el contrato.
Esta posibilidad se extenderá a consells insulares y ayuntamientos, ya que el decreto ley les dará cobertura legal para la revisión de los contratos y las concesiones de servicios públicos. A las empresas constructoras de viviendas oficiales se les permite aplicar los módulos de precio máximo de vivienda de protección oficial para recuperar la promoción privada y ante el incremento de los materiales de construcción.
En cuanto al transporte, y para hacer frente al encarecimiento de los costes por combustible, se reconoce a los concesionarios de los servicios de transporte interurbano de viajeros en autobús la posibilidad de una revisión excepcional del precio del contrato que recoja el incremento del coste del consumo de gas natural.
