El Govern inició ayer el proceso para reducir la temporalidad en la ocupación pública y situarla por debajo del 5 % antes de 2024, que son tres puntos por debajo del objetivo que marca el gobierno, del 8%. A la reunión acudieron representantes de UGT, CCOO, STEI, CSIF, USO, SINTTA y Sindicato de Policía.

El gobierno autonómico ha constituido una mesa de negociación de las administraciones públicas de Balears para plantear y acordar los criterios que se llevarán a cabo para dar estabilidad a las plazas interinas de manera coordinada y eficaz.

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y la directora general de Función Pública, Carmen Palomino, presidieron la constitución de esta mesa negociadora, con el fin de que el proceso de estabilización se haga desde el acuerdo con todas las administraciones públicas y con los sindicatos.

En concreto, se han creado tres espacios de encuentro para el diálogo, la negociación, la coordinación, el asesoramiento mutuo y el refuerzo del engranaje institucional.

La mesa negociadora está formada por representantes de todas las administraciones públicas adheridas al proceso que coordina el Govern y cada una de las organizaciones sindicales representadas en estas administraciones, ya sea en sus mesas o en los comités de empresa.

De ésta saldrán los criterios con los cuales se tendrá que dar cumplimiento a la ley de interinos estatal, mientras que, por ley, los procesos de estabilización se tienen que haber publicado antes del 1 de junio de este año y las convocatorias, antes del próximo 31 de diciembre.

Protestas contra el decreto

La Coordinadora de Interinos y temporales de Balears convocó una concentración frente a la Dirección General de Función Pública, para protestar ante la primera sesión de la mesa creada para regular el proceso de estabilización de los trabajadores y trabajadoras temporales y en abuso.

Sin embargo, desde la Coordinadora se exigió la no aprobación de su convalidación, ya que puede vulnerar el derecho a la negociación colectiva, «por lo que algún grupo político ya ha solicitado informes jurídicos sobre la legalidad de la misma».

Además, consideran que «merma la representatividad de sindicatos minoritarios en favor de los mayoritarios, sesgando el principio de representatividad sindical».