La Junta Arbitral de Consumo resolvió el año pasado 1.347 conflictos entre consumidores y empresas, todas en menos de 90 días y de forma telemática, según detalló ayer el Govern.
El laudo de los árbitros de consumo fue la fórmula de resolución de 904 de los casos tramitados, mientras que los otros 443 se solventaron por mediación. En 2021, este organismo recibió 1.529 solicitudes de arbitraje, unas 200 más que en el año anterior.
La Junta Arbitral de Consumo presta servicio de forma gratuita ante discrepancias entre los consumidores y las empresas que están adheridas al sistema, que ascienden actualmente a 1.392, de la que 61 se incorporaron en 2021.
La gran mayoría de las reclamaciones del año pasado correspondieron al sector de la telefonía (988), seguido por el energético (232) y el tercero fue, a mucha distancia, el de los muebles (83).
Los datos del sistema de arbitraje se recogen en la última memoria de la Dirección General de Consumo, que también hace balance de las actuaciones de la Inspección de Consumo y Vigilancia de Mercado.
Este departamento realizó 5.328 inspecciones en 1.730 establecimientos durante 2021, algo menos de la mitad en campañas específicas de control y alrededor de un cuarto en la búsqueda y retirada de productos industriales.
De los 235 expedientes abiertos el año pasado por la Dirección General de Consumo se derivaron sanciones por valor de 1,4 millones.
