Los Letrados de la Administración de Justicia han vuelto hoy a la huelga para reclamar un aumento salarial y el derecho a tener voz propia en la mesa de negociación colectiva. «Desde el año 2009 hemos asumido más de 600 funciones que no están siendo remuneradas», resumió Margarita de Juan, delegada de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) en Balears. El paro, convocado también para mañana, ha tenido un seguimiento importante, «de más del 50 por ciento en el partido judicial de Palma», y ha obligado a suspender decenas de vistas y trámites.

Unos 40 letrados se han concentrado a mediodía a las puertas de los juzgados de sa Gerreria para mostrar su descontento por las condiciones laborales. «No a una justicia low cost», rezaban los carteles que llevaban. El colectivo, formado en las islas por algo más de cien personas, ya fue a la huelga el pasado 26 de enero y está dispuesto a convocar nuevos paros si el ministerio de Justicia no atiende sus reclamaciones. «Ni nos han hecho caso ni se quiere sentar a negociar con nosotros», criticó Margarita de Juan. Según señaló, hace ya 12 años asumieron «muchas funciones que antes hacían los jueces», lo que supone un incremento de la carga de trabajo que no se ha visto reflejada en sus nóminas. «Los nuevos letrados son prácticamente mileuristas», protestó.

Los funcionarios reclaman una «adecuación salarial» a las nuevas atribuciones por «dignidad profesional». «No se nos paga lo que corresponde», sentenció la delegada de UPSJ en las islas. Además de esta reivindicación económica, piden tener voz propia en la negociación colectiva para poder defender sus intereses. «Como somos un colectivo pequeño, no tenemos representantes en la mesa de negociación y los sindicatos generalistas no tienen en cuenta nuestras reivindicaciones», afirmó De Juan.

El paro de los letrados ha provocado la suspensión de buena parte de los trámites señalados en los tribunales de Balears. En Palma han tenido que aplazarse una veintena de vistas en los juzgados de lo penal y numerosas declaraciones en los de instrucción y violencia sobre la mujer. La actividad también ha sido menor en el resto de jurisdicciones.