La primera ley educativa de Balears es ya una realidad tras su aprobación ayer en el Parlament con los votos a favor de los partidos de izquierdas. PSIB, Més per Mallorca, Podemos, Més per Menorca y Gent per Formentera contarón, además, con el apoyo de los regionalistas de El Pi. El PP votó en contra y se esfumó el anhelado consenso del conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March.

Uno de los puntos importantes es el decreto de mínimos, que establece un mínimo del 50 por ciento de horas lectivas en catalán y la autonomía de los centros para decidir si quieren aumentarlas. El PP quería que el Govern incluyera explícitamente la obligatoriedad de un 25% en castellano, pero el lunes quedó cerrado ante la negativa de los socios de Més.

March reivindicó que se trata de una ley de «continuidad» que aporta «coherencia y estructura» al sistema educativo de las Islas. En su turno de posición, agradeció a todos los partidos menos a Vox su «voluntad de consenso y negociación» pese a no haber podido llegar a grandes acuerdos. March llevaba meses tratando de sumar al Partido Popular, pero los movimientos políticos de este fin de semana dinamitaron el acuerdo y, por tanto, la normativa se aprobó únicamente con los socios habituales del Govern.

La diputada del PP Marga Durán fue muy crítica con el conseller porque «por culpa suya, no habrá una Ley de Educación de consenso». Lamentó que durante toda la tramitación había dicho que esto no sería una ley de lenguas para «finalmente imponer la inmersión». La decisión de votar en contra de todos los artículos tuvo se justificaba, según explicó, «por la decisión del Govern de romper el consenso» al que se habían llegado. Durán recordó que su posicionamiento había sido, desde el primer momento, que el castellano fuera una lengua vehicular en los centros educativos de Balears.

Asimismo, reprochó al PSIB que «tendrán que explicar por qué no quieren que haya un mínimo de castellano y por qué hace seguidismo del modelo lingüístico de Cataluña contrario en la Constitución española».

La diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, punta de lanza de su partido en las negociaciones junto al portavoz, Alejandro López, expresó su «emoción» ante la aprobación de esta primera ley educativa y argumentó que «gracias a Podemos» el material escolar será gratuito para las rentas más bajas, ya que era una línea roja que defendieron hasta el último momento: «Garantiza la igualdad de oportunidades».

En Més per Mallorca también hubo euforia, aunque contenida, después de las largas negociaciones y la decisión de que el castellano no fuera lengua vehicular. El diputado Joan Mas Collet lamentó la posición del PP ante el tema lingüístico porque «no ha querido el consenso» y apuntó que «nos hubiera gustado que el PP hubiera abandonado la trinchera y hubiera vuelto a la mayoría social y política que abandonó el 2011».

De los grupos que apoyaban la norma, el más crítico fue Més per Menorca. Su portavoz, Josep Castells, conocido por su contundencia ante los movimientos del Govern, celebró la ley aunque cree que llega «tarde». No obstante, reconoció de la conselleria y los otros partidos al acercar esta ley a las peticiones al modelo defendido en el manifiesto Illes per un Pacte: «Nos comprometemos a continuar luchando».

Lina Pons, diputada de El Pi, justificó en todo momento su apoyo y fue una garantía para el Pacto, porque la adhesión de los regionalistas otorgaba importancia política y transversalidad a la norma. Pons se mostró apenada porque la lengua fuera el «caballo de batalla» y no la educación ya que, matizó, lo que hay que «defender» es el catalán porque el castellano es «de sobra conocido».

La portavoz de Cs, Patricia Guasp, ausente en el pleno por un tema familiar, vituperó la ley porque «perpetra un atropello a los derechos lingüísticos, a la libertad de las familias y a la igualdad de oportunidades».

Por su lado, desde Vox ya anunciaron que la van a llevar al Tribunal Constitucional. Su portavoz, Jorge Campos, rechazó por completo que esta norma introduzca elementos de perspectiva de género y memoria histórica.