El Juzgado de Instrucción Número 8 de Palma ha abierto diligencias tras la denuncia de Vox del caso de una menor tutelada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell de Mallorca que habría sido obligada a abortar.
En un comunicado, Vox informa que esta menor tutelada fue dada por desaparecida durante un año, desde agosto de 2020, llegándose a emitir una alerta en SOS Desaparecidos.
Según sostiene este partido, los técnicos del IMAS aseguraron que tenían localizada a la menor y que, durante el año de su desaparición, fue presionada para abortar en una clínica privada de Palma, "tal y como figura en el atestado policial".
Vox explica que puso el caso en conocimiento de Fiscalía mediante una denuncia presentada el 30 de septiembre de 2021, pero ante la "inoperancia" del Ministerio Público, en enero pasado presentó el caso en los Juzgados de Instrucción de Palma.
Tras la apertura de diligencias por parte del Juzgado Número 8 de Palma, Vox ha registrado una petición para personarse como acusación popular en este procedimiento.
El presidente de Vox en Baleares, Jorge Campos, ha celebrado que se investigue el caso y ha asegurado que su partido seguirá este asunto "hasta el final, caiga quién caiga".
La denuncia de Vox se refiere a una menor del Centro Santa María del Camí y se acusa al IMAS de ser presunto responsable de los delitos de abandono de destino, dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos, y por las implicaciones en un delito de prostitución de menores.
Campos ha lamentado que el PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca hayan votado en contra hasta en cinco ocasiones de la creación de una comisión de investigación por el caso de los abusos sexuales a menores tuteladas por el IMAS.
Esta semana, Vox, PP y Cs han mostrado su satisfacción porque por fin se "pondrá luz" a este asunto con la llegada en abril a Palma de una misión del Parlamento Europeo (PE) que lo estudiará y emitirá un informe.
Por su parte, PSIB y MÉS han pedido que no se politice un tema tan "grave" como los abusos a menores tutelados y han ofrecido la "máxima colaboración e información" de esta institución para solucionar este problema que afecta a "muchas" comunidades autónomas.
