A las puertas de su aprobación el próximo martes en el Parlament balear, la campaña contra la Ley de Educación se intensifica.

Por un lado, la Assemblea Sobiranista de Mallorca dio ayer apoyo a la plataforma Moviment per l’Escola en Català, que rechaza la nueva normativa por «dar alas a la sustitución lingüística españolista».

Para la organización, la enseñanza en la lengua propia del territorio es un «principio universal irrenunciable», por lo que «en Balears la escuela ha de ser plenamente en catalán». Sin embargo, alegan que la Ley educativa «acata la imposición del castellano como la lengua vehicular», una cláusula que supone «un acto de sumisión colonial y de subordinación al imperialismo lingüístico del Estado español».

Por otro lado, la asociación de profesores PLIS y Societat Civil Balear llevan a cabo una campaña a la puerta de los colegios, informando directamente a los padres de su derecho a reclamar que se imparta en castellano al menos el 25 por ciento del horario lectivo y una materia troncal o análoga.

Según las entidades, la mayor parte de los padres muestran su «desacuerdo con la inmersión obligatoria en catalán» y reciben con «agrado» la información que se les ofrece.

PLIS y la Societat Civil Balear señalan a los directores de los centros como «los verdaderos responsables de incumplir la ley y el ordenamiento jurídico» por «no informar a las familias de sus derechos lingüísticos, manteniéndoles en la creencia de que en las islas no hay otra salida que la inmersión obligatoria en catalán».