La aprobación de la nueva ley turística ha traído consigo un nuevo debate: la idoneidad del decreto ley. Los grupos de la oposición han centrado el debate en la forma en la que el Govern ha aprobado esta nueva normativa y hablan de «decretazo».
La presidenta del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, defendió su utilización ayer en el Parlament porque se trata de una técnica legislativa «totalmente normal». Explicó que, al hacer una moratoria o una congelación de plazas turísticas como la que ha iniciado el Pacto, es «lo más lógico para que al aprobar la norma no se hubieran vendido todas las plazas y no hubiera nada que congelar».
La socialista afirmó que, al tramitar el proyecto de ley, «vendrá el momento de los grupos parlamentarios» y podrán hacer todas las aportaciones que precisen. Así, expresó que llevaban tiempo debatiendo y consensuando una normativa turística que debe significar una apuesta por el turismo diferente: «Damos cuatro años a los consells insulars para que pensemos si debemos seguir creciendo».
El PP fue contundente con la socialista en sede parlamentaria y le recriminó que «nunca ha tenido la más mínima voluntad de pactar nada». Su portavoz, Toni Costa, denunció que este decreto ley solo se ha consensuado con «unos pocos» y decidieron «dejar tirados a la inmensa mayoría».
Este viernes ya lamentó las «formas» del Govern porque el decreto ley está «reservado para situaciones de urgencia y necesidad, pero ellos lo utilizan de forma masiva y sin explicar nada», y reprendió al Ejecutivo por su «ninguneo constante» al Parlament.
Asimismo, explicitó que cada vez más ciudadanos de las islas están «cansados de su soberbia, autoritarismo, imposiciones y prohibiciones».
Costa criticó que, pese a las promesas de transparencia, el Govern «ha acabado acordando leyes en despachos a oscuras y a puerta cerrada».
Ciudadanos también aprovechó su pregunta semanal a la dirigente para acusarla de utilizar el «decretazo con nocturnidad y alevosía». La portavoz del partido, Patricia Guasp, afirmó que el Govern ya sabía que sería por decreto y acusó a Negueruela de mentir en sede parlamentaria al decir que tramitarían un anteproyecto de ley: «Queda claro que este Parlament les molesta. Decimos no a un decreto turístico vía imposición y prohibición, y decimos no a congelar plazas turísticas por la puerta de atrás y que todo su sectarismo recaiga en los de siempre».
Desde su punto de vista, como ya apuntó la semana pasada, el decreto «no tiene justificada ni la urgencia ni la excepcionalidad», un argumento que va en la línea de lo planteado por los populares.
El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, confirmó ayer lo que se venía diciendo en los últimos días: el bloqueo de plazas turísticas no se consultó «muchos días antes» porque hubiera significado «un efecto llamada que lo vaciaría de contenido».
La decisión del Govern ha vuelto a poner sobre la mesa este debate, con el recuerdo de los ‘decretos Cladera’ en los que hubo un aluvión de proyectos en la conselleria de Turismo antes de que entrara en vigor.
