El macrojuicio del caso Cursach empezará el próximo 13 de junio y se prolongará durante siete meses, hasta enero de 2023. La Audiencia Provincial de Palma ha señalado la vista oral a lo largo de 89 sesiones, en las que enjuiciará la presunta trama de corrupción para favorecer los negocios del empresario Bartolomé Cursach. En el banquillo de los acusados se sentarán el magnate -para quien la fiscalía pide ocho años y medio de prisión- y otras 22 personas, la mayoría agentes de la Policía Local de Palma. Están acusados de delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones.
El tribunal de la sección primera, encargado del asunto, advierte a las partes en una providencia notificada hoy que este calendario puede sufrir modificaciones. De hecho, da tres días a los abogados personados para que comuniquen si tienen ya otros señalamientos en las fechas fijadas.
El juicio abordará la pieza principal del llamado caso Cursach, el presunto trato de favor recibido por los negocios de Bartolomé Cursach durante más de 15 años, entre 2000 y 2016, en una compleja trama de corrupción policial, política y empresarial. Junto al empresario están acusados varios de sus más estrechos colaboradores, como Tolo Sbert, Antonio Bergas, Jaime Lladó y Arturo Segade. Según sostiene la fiscalía, el Grupo Cursach tenía a sueldo a agentes de la Policía Local de Palma para que protegieran sus locales de ocio. Lo hacían tanto evitando inspecciones y saboteando posibles sanciones como persiguiendo injustamente a los negocios de la competencia con el objetivo de que echaran el cierre, según la acusación. El ministerio público apunta también a que el grupo tenía una gran influencia en departamentos administrativos claves para sus negocios, como la concejalía de urbanismo del Ayuntamiento de Palma, el Ayuntamiento de Calvià o la conselleria de Turismo.
Cursach y los suyos, sostienen los fiscales, sobornaban a los funcionarios con dinero, regalos y fiestas en la zona Vip de la discoteca Tito’s, donde supuestamente eran agasajados con servicios sexuales de prostitutas, drogas y alcohol.
En la lista de acusados destacan la exdirectora general de Turismo Pilar Carbonell y el que fuera jefe de la Policía Local de Palma Joan Mut. Para la expolítica se reclama una condena de diez años de inhabilitación, mientras que Mut se enfrenta a cuatro años y medio de prisión. El resto de acusados, con peticiones de entre dos y doce años y medio de cárcel, son Antonio Bergas, ejecutivo del Grupo Cursach; Jaime Lladó, director de la discoteca Tito’s; Arturo Segade, exjefe de sala de Tito’s; y los agentes de la Policía Local de Palma Bartolomé Capó, Gabriel Torres, Feliciano Franco, Gabriel Mayol, José Mayans, Rafael Amengual, Carlos Vallecillo, Carlos Tomás, Nicanor Góngora, Rafael Estarellas, Bernardí Seguí, Tomás Mas, Felipe Florit y Daniel Montesinos. También han sido procesados, los funcionarios Julián Garau, Bernardí Seguí y Jaime Nadal. Otro imputado, el expolicía Miguel Estarellas, ha fallecido.
El macrojuicio tiene ya fecha mientras el Tribunal Superior de Justicia mantiene abierta la causa contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ambos ya jubilados. La investigación se cerró con una imputación por revelación de secretos, pero el TSJB debe resolver aun los recursos de las acusaciones que les atribuyen graves delitos. La causa abierta contra Penalva y Subirán provocará una avalancha de cuestiones previas en el juicio a Cursach y el resto de acusados para pedir incluso la nulidad de todo el procedimiento.
