El pleno del Parlament validó el pasado dos de febrero el decreto del Govern que establece sanciones de 3.000 a 600.000 euros a quienes incumplan la obligación de solicitar el certificado covid-19 en bares, restaurantes y eventos multitudinarios de Balears, un hecho que se recoge como infracción muy grave en la normativa. Es la quinta ocasión que se modifica este decreto ley que se tramitará como ley en el Parlament, pero mientras tanto todo su contenido ya está en vigor desde el momento en que la cámara autonómica lo ha validado, según reveló la consellera de Presidencia Mercedes Garrido. La norma lo que hace es tipificar como sanción grave o muy grave que los establecimientos de ocio, bares, restaurantes, gimansios, entre otros, no controlen si sus clientes cuentan con el certificado covid. Hay que recordar que este decreto fue aprobado en julio de 2020 cuando todavía no estaba en vigor el pasaporte covid.
La norma fue ratificada con el voto a favor de los partidos del Govern (PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca), en contra de Vox y el diputado no adscrito Maxo Benalal, y la abstención de PP, Cs PI y Més per Menorca. Se ha validado con 26 votos a favor, 4 en contra y 22 abstenciones.
Se trata de un decreto aprobado en diciembre con el que el Govern introducía modificaciones puntuales en normativa muy variada, tocando ámbitos como las Cámaras de Comercio, las salas de juego, farmacias o la financiación de los agentes sociales. En este sentido, otra modificación de mucha calado introducida por el decreto ley aprobado hoy es que establece una moratoria de 24 meses para la concesión de nuevas licencias de salas de juego, casinos, bingos. Todo ello hasta que se apruebe la nueva Ley del Juego de Balears. El Govern apunta en su exposición de motivos para decretar esta moratoria que "la pandemia de la covid19 ha hecho incrementar la demanda de diversos estamentos sociales de que las administraciones públicas traten el posible efecto adictivo de las conductas derivadas de la práctica del juego". Por ello, el Ejecutivo propone que durante esta moratoria se realice un análisis riguroso de como se debe regular el juego para minimizar el impacto de las adicciones. Entre otras cosas, se quieren evitar la instalación de establecimientos
Desde la oposición han acusado al Govern de abusar de la figura del decreto ley, reservada para asuntos de especial urgencia y necesidad, para introducir estas modificaciones normativas.
El diputado del PP lo calificó como "un decreto de acompañamiento de presupuestos", ya que el Govern lo aprobó sólo un día después de finalizar el debate de las cuentas autonómicas, lo que a su entender "denigra la función del Parlament y rebaja la calidad democrática". También ha censurado que es un "decreto ley tutti fruti, un decreto ensalada" con el que "meten con calzador" distintos aspectos entremezclados para, ha sugerido, forzar a la oposición a no votar en contra de alguna parte del contenido.
A estas críticas se ha sumado la portavoz de Cs, Patricia Guasp, clamando contra lo que ha llamado "perversión del sistema legislativo". "La competencia del Parlament es legislar, y no sólo validar semana tras semana los decretos del Govern", ha protestado la diputada naranja, que también ha cuestionado que el decreto sea "un cajón de sastre en toda regla". "Y no sé cuántos llevamos ya", ha apostillado.
El portavoz de El Pi Josep Melià ha coincidido en denunciar el "abuso" del decreto ley señalando que "no hay casi nada" en el texto "que reúna los requisitos" para emplear esta figura, salvo la actualización de las sanciones.
Del mismo modo, la diputada de Vox Idoia Ribas ha declarado que es el "enésimo decretazo de Armengol" y que "los criterios de extraordinaria y urgente necesidad brillan por su ausencia".
Finalmente Més per Menorca, tradicional aliado del Pacte, ha coincidido con las críticas por el uso del decreto, que "está configurando una forma espasmódica de legislar". En palabras del portavoz, Josep Castells, en el Govern "se han acomodado demasiado" a esta forma de proceder.
Por todo ello, los grupos de la oposición han reclamado que el decreto se tramite como proyecto de ley. Esta petición ha sido aceptada por unanimidad.
Sanciones por no exigir el certificado covid
Actualmente en Baleares se exige como requisito de acceso a diferentes actividades -como gimnasios, congresos, toda la restauración y cines, entre otros- acreditar el estado de salud mediante certificado de vacunación, de haber pasado la covid o prueba negativa. Son circunstancias que recoge el conocido como pasaporte covid, una herramienta oficial de la Unión Europea, pero que también se pueden acreditar con otros documentos.
El decreto validado este martes por el pleno tipifica también otras conductas y omisiones que infrinjan las obligaciones establecidas por la autoridad sanitaria. Las sanciones previstas en el Decreto sancionador son de 100 a 3.000 euros para infracciones leves, de 3.001 a 60.000 euros para infracciones graves y de 60.001 a 600.000 euros para incumplimientos muy graves.
Durante el debate, el portavoz de Unidas Podemos, Alejandro López, ha lamentado que haya quien "cuestione todo" y que "una parte de la población, ya sea por miedo o por desconocimiento, crea que no debe vacunarse". López ha sostenido que el pasaporte "es una medida incentivadora y necesaria" que se aplica en toda Europa.
Desde Més per Mallorca, Joana Aina Campomar ha sostenido que el pasaporte covid "es una medida adecuada para aumentar la seguridad sanitaria" y que la vacunación "ha evitado el colapso hospitalaria esta ola".
Patricia Guasp (Cs) ha lamentado que se ponga el foco "sólo en bares y restaurantes para controlar la pandemia" cuando "el aumento exponencial de casos demuestra que las herramientas coercitivas no funcionan como deberían".
Mientras, la diputada de Vox Idoia Ribas ha considerado que el decreto va en contra de la Constitución al afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos.
Financiación de los agentes sociales y cámaras de comercio
En cuanto a otros aspectos del decreto, incluye una modificación legal para garantizar financiación específica para las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad Autónoma. Asimismo, en cuanto a las cámaras de comercio, se introduce una consignación anual en el presupuesto autonómico para financiar sus gastos estructurales y de servicios que prestan.
En el debate de los presupuestos de 2022, se había propuesto una enmienda en este mismo sentido pero no se votó debido a que Vox se opuso a la transacción.
Este martes, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha insistido en la voluntad del Govern de que las Cámaras de Comercio "tengan vida y peso propios" y cumplan con "un importante papel como interlocutores" ante la llegada de los fondos europeos.
También ha apelado a la importancia de "concretar económicamente en los aspectos mínimos" la participación institucional de los agentes económicos y sociales. La diputada socialista Pilar Sansó ha defendido el papel de las Cámaras de Comercio, el empresariado y las organizaciones sindicales en la colaboración público-privada en el marco de la pandemia.
Vox ha criticado la modificación sobre la financiación de las organizaciones empresariales y sindicales, preguntándose "dónde está la urgencia de esta medida" y considerando que no se puede hacer vía decreto al "comprometer" los presupuestos públicos.
Otras novedades del decreto
Igualmente el texto incluye una regulación de la declaración responsable aprobada para agilizar la tramitación de obras, ya que expiraba al finalizar este 2021. Ahora se ha acordado una nueva figura de declaración responsable hasta el 31 de diciembre de 2025, ligada a la ejecución de obras susceptibles de ser financiadas con fondos de recuperación, como obras de eficiencia energética, por ejemplo.
Por otra parte, el decreto aclara la normativa sobre la bonificación del transporte marítimo interinsular para los residentes baleares, ya que se pueden acumular las bonificaciones de residencia a otros descuentos -como el de familia numerosa- siempre que no se supere el 100% de la tarifa.
El decreto también modifica la ley de ordenación farmacéutica, de manera que cuando un titular de una oficina de farmacia la cierre -o no haya podido abrir al anularse una adjudicación-, tendrá 15 días para solicitar una de las farmacias vacantes que consten en el catálogo.
Por último, de forma cautelar el Govern utilizará una suspensión transitoria de la concesión de nuevas autorizaciones para abrir locales de juego (casinos, bingos, salas de juego, etc) hasta la aprobación y entrada en vigor de la modificación de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y apuestas en Baleares, y del resto de disposiciones reglamentarias. Esto implica la suspensión de la vigencia de varios artículos.
