Baleares recibirá 534,65 millones de euros del Fondo de Financiación a comunidades autónomas, correspondientes al primer trimestre de 2022, según lo acordó el pasado jueves la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

En concreto, la comisión aprobó asignar 10.497,36 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) durante los primeros tres meses de este año y 260,78 millones de euros al compartimento Facilidad Financiera (FF).

El importe total de 10.758,14 millones de euros se repartirá entre las comunidades adheridas al Fondo de Financiación de manera que Baleares recibirá el 4,97% del total otorgado por el Ejecutivo, de los cuales 484,45 millones son vencimientos, 3,18 liquidaciones negativas y 47,02 % respecto al 0,6 % del PIB.

Las comunidades adscritas al compartimento Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) son Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

De estas, el mayor importe se ha asignado a Cataluña, con 4.855,39 millones de euros, que es el 45,13% del total; seguido de 2.781 millones para la Comunidad Valenciana (25,85%) y Castilla-La Mancha, con un reparto de 963,20 millones (8,95% del total).

Por su parte, Andalucía ha actualizado su Plan Plurianual de Endeudamiento 2021-2024, en el marco del acuerdo de CDGAE de 2018 que permite combinar la financiación con cargo al Fondo de Financiación mediante el compartimento Facilidad Financiera (FF), con la captación de recursos a través del mercado en 2022.

En el acuerdo suscrito ayer martes no se incluye la asignación para Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, dado que no han solicitado financiación con cargo al FLA y FF del Fondo de Financiación de este año.

También se acordó la distribución de 1.555,07 millones de euros correspondientes al compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE para 2022, del que han solicitado su adhesión las comunidades de Asturias, Cataluña, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana. Se trata de una herramienta que permite a las comunidades que así lo han solicitado un anticipo de estos recursos para facilitar liquidez financiera, facilitándoles recursos financieros para la realización de proyectos y actuaciones sin comprometer su presupuesto ni el calendario de pagos del resto de proveedores.