Baleares vive, desde hace unos años, una situación de emergencia habitacional. En las islas, el precio de la vivienda se ha encarecido un 36% desde 2015 y cada hogar destina el 38,53% de sus ingresos a este apartado. En aquel año, el porcentaje que destinaba cada familia a la vivienda era del 33,3%. Esto supone una subida del 15,71%. Los últimos datos disponibles del Institut d’Estadística de les Illes Baleares (IBESTAT) son de 2020, pero permiten vislumbrar un patrón de crecimiento claro. Si nos fijamos en los números concretos, a partir de 2016 se produjo una caída relevante respecto al año anterior (ese año la parte del presupuesto que se destinaba era del 31,89%), y comenzó el auge vertiginoso con una subida de casi 7 puntos porcentuales.
En el ámbito estatal la situación es también preocupante, pero el crecimiento no alcanza las cuotas desorbitadas de Baleares. En el conjunto del Estado, la vivienda se ha encarecido un 24% desde febrero de 2015, momento en el que el valor medio en España tocó su mínimo durante la crisis financiera e inmobiliaria, lo que significa 12 puntos porcentuales menos que el aumento registrado en las islas. Por ello, Baleares destaca como el mercado que más cerca se encuentra de los máximos de principios de los 2000, con una caída acumulada del 10,8%.
Este aumento desproporcionado del gasto en vivienda (agua, electricidad, gas y otros combustibles están incluidos en este apartado) ha provocado una bajada considerable de la inversión en otros sectores. En cambio, en mobiliario y equipamiento del hogar pasó del 4,05 al 3,76%; en hoteles, cafés y restaurantes, del 9,47 al 6,45%; en transporte, del 11,58 al 10,35%, y en ocio, espectáculos y cultura, del 5,33 al 3,99%. La alimentación es de los pocos que ha registrado un aumento, pasando del 14 al 17%.
Los expertos han avisado de la peligrosidad de esta subida en el precio no solo para el acceso a una vivienda, sino por las repercusiones que tiene en los demás sectores. El aumento tan pronunciado en un único gasto provoca que las familias deban destinar menos dinero a los otros grupos, con una evidente repercusión para los sectores económicos afectados.
Hace unos días se daba a conocer un dato fundamental: el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha registrado este año una tasa anual del 6,5%, la más alta en los últimos veinte años, o lo que es lo mismo, la más elevada de lo que llevamos de siglo XXI. Por tanto, la subida de los precios dificulta aún más la repartición de los recursos de cada familia, que ven aumentadas sus facturas cada mes. Las islas destacan por registrar el mayor crecimiento de precios desde sus mínimos (36,2%), por delante de las capitales y grandes ciudades, que se han revalorizado de media un 34,7% desde su nivel más bajo de la década anterior.
Tanto el Gobierno como el Govern llevan meses tratando de encontrar una solución, aunque parece lejana. La nueva ley de vivienda, que cuenta con aparente negativa del Consejo General del Poder Judicial, tiene como objetivo principal regular el precio de los alquileres estableciendo límites en casos concretos y posibilitar el abaratamiento en otros. Además, se especifica la posibilidad de penalizar a los propietarios de viviendas vacías y cataloga, por primera vez en una ley estatal, qué son un gran tenedor y un área de mercado tensionado. El informe avisa de falta de concreción en las reglas que pretendían limitar los precios del alquiler, y también critica la falta de justificación de la necesidad de un control de precios de alquiler.
Muchos ciudadanos están optando por pedir una hipoteca para evitar los desorbitados precios del alquiler. Si miramos los datos de 2015, el número total de hipotecas pedidas en 2015 era de 8.334. En 2020 fue de 9.463 y en 2019, de 10.032. Los últimos datos de 2021 son de octubre, con 7.393 registradas. Si tenemos en cuenta que la media mensual es de 700 nuevas firmas, la cifra de este año se situaría alrededor de las 9.000. La islas están, por tanto, en una encrucijada. El problema de la vivienda parece no tener límite y los precios siguen subiendo cada mes. La devaluación de los trabajos y la pérdida de poder adquisitivo están suponiendo un lastre para las familias, que tratan de salir adelante con cada vez menos recursos.
Uno de los grupos poblacionales más afectados por la subida de precios y la precarización alarmante de los trabajos es el de los jóvenes. Esta semana el Gobierno daba luz verde al bono joven de ayuda al alquiler (unos 250 euros mensuales por persona) para tratar de fomentar la emancipación y facilitar la salida del hogar. El presupuesto será de 200 millones de euros e irá destinado a aquellos ciudadanos entre los 18 y los 35 años que no reciban ninguna otra ayuda para el alquiler.
Una de las preocupaciones que han surgido a raíz de esta noticia es que los propietarios de pisos en alquiler aprovechen para subir los precios y que esta ayuda no suponga un alivio efectivo para los jóvenes.
