Las arcas del Govern tienen una seria amenaza que arrastran desde hace años. Se trata de litigios judiciales pendientes por responsabilidad patrimonial donde le reclaman 368,9 millones de euros. Esta cifra supone un 4% del presupuesto anual del Ejecutivo. La mayoría de litigios son por la compensación de expropiaciones, indemnizaciones y multas como consecuencia de procesos judiciales interpuestos contra el Govern y que todavía no se han resuelto. Lo detalla el informe de la Sindicatura de Comptes del año 2019 recogiendo la información de la Abogacía de la Comunidad.
«Los importes que eventualmente deberá satisfacer en el futuro la CAIB, como consecuencia de estos litigios judiciales pendientes, son de difícil determinación objetiva, en cuanto a la cantidad y momento del pago», afirma el informe del órgano auditor de Baleares. Muchos de estos procesos ya tienen sentencia en las primeras estancias judiciales y el Govern las ha recurrido.
La inmensa mayoría por indemnizaciones a raíz de la desclasificación de urbanizaciones realizada por el segundo Pacto de Progreso, presidido por Francesc Antich. Se calcula que hay unos 250 millones en reclamaciones pendientes de sentencia por la reconversión en suelo rústico de unas 56 urbanizaciones, en base a la Ley de Desarrollo Territorial Sostenible del año 2008.
De hecho, en el año 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) dictó una sentencia en la que estimaba el recurso de la urbanizadora S’Illeta Camp de Mar (Andratx) y condenaba al Govern a pagar 19,2 millones de euros de indemnización. Una sentencia que fue recurrida a instancias superiores. El Tribunal Supremo en 2012 también estimó derecho a indemnización a una promotora de Pollença por valor de 1,6 millones. Lo mismo ocurrió en Punta Pedrera de Ibiza con una indemnización de 87 millones. Están pendientes por resolver recursos por estas desclasificaciones que las indemnizaciones pueden ser elevadas. Una de ellas es la de la urbanización de Binirràs, también en Ibiza, donde sus propietarios reclaman 70 millones al Govern y la sentencia está a punto de hacerse pública. En 2018 los tribunales había ordenado al Govern indemnizar a las promotoras con 130 millones.
Sin embargo, los litigios pendientes del Govern no solo son por desclasificaciones. Hace años también estaban pendientes de resolver recursos de las concesionarias de las famosas autopistas de Ibiza. Asimismo, hay reclamaciones por despidos de trabajadores de empresas públicas, procesos judiciales por reclamaciones sanitarias, facturas pendientes y recursos de proveedores por desacuerdos con la administración, entre otros.
180 millones que el Estado prometió y nunca llegan
El Govern y el Gobierno, presidido por aquel entonces por Rodríguez Zapatero, firmaron un protocolo de intenciones donde Madrid se comprometía a enviar 240 millones de euros en el periodo entre 2016 y 2018. Lo que ocurre es que este dinero no ha llegado nunca. Pese a ello, el Govern presupuestó en 2019 la cantidad de 180 millones y en 2020 otros 120 millones que no recibió.
Ahora la Sindicatura de Comptes le recuerda que la Comunidad Autónoma «incluye de forma reiterada partidas de ingresos en sus presupuestos que no tienen correspondencia en los Presupuestos Generales del Estado».
De igual modo, El Govern contempló en 2019 y 2020 el ingreso de 78 millones de euros provenientes del Estado por la participación del IVA de 2017 y de 2018. El Ejecutivo consideraba que eran ingresos, pero la Administración General del Estado le comunicó que no los abonaría. Sobre este aspecto, la Sindicatura de Comptes también le señala en su informe de fiscalización que las previsiones del Govern no coinciden con las del Gobierno central.
Acto seguido le recuerda que este hecho «puede causar distorsiones en la liquidación de los impuestos entre Madrid y el Govern, con independencia de las acciones judiciales que se considere oportuno emprender».
A raíz de estos dos casos de discrepancia entre el Govern y Madrid, la Sindicatura le realiza una contundente recomendación a la conselleria de Hacienda: «Elaborar previsiones de ingresos presupuestarios más esmeradas y teniendo en cuenta los compromisos efectivamente recogidos en los Presupuestos Generales del Estado».
