Gonzalo Boye (Chile, 1965) viajó ayer hasta Mallorca para presentar su libro ¿Cloacas? Sí, claro, una especie de dietario en el que reflexiona sobre el último año y sus protagonistas: Villarejo, Puigdemont, Sito Miñanco o la Audiencia Nacional.
¿Qué supone la existencia de las cloacas para la democracia española?
Es un tema muy relevante porque afecta al desarrollo normal de cualquier estado democrático. El hecho de que existan tantos vericuetos pone muy en entredicho la calidad de la democracia española. Ha existido una guerra abierta en terreno llano entre distintas cloacas, y los ciudadanos hemos sido espectadores y víctimas. Lo más grave es saber de su existencia y no hacer nada. Si no lo hace España, lo hará Europa. A nadie le interesa tener un socio con estos problemas estructurales.
¿Qué representa Villarejo en todo esto?
No sé si es el agente más relevante, pero sí forma parte de un todo más grande. No deja de sorprenderme que en su juicio el fiscal haya admitido que Villarejo trabajaba para el CNI. Evidentemente no ha podido hacer todo esto solo. En la Operación Cataluña aparece igual de claro su nombre que el de Marcelino Martín Blas. Algunos incluso le trataron como un héroe.
¿Cuál es su repercusión real en la democracia española?
Hemos visto estos días una noticia en la que se hablaba directamente de que las cloacas habían estado preparando pruebas contra Josep Lluís Trapero, para incluso acusarle de blanqueo de capitales. Esto estaba judicializado. Hace unos días Villarejo explicó que muchas de las operaciones que habían hecho estaban judicializadas en la Audiencia Nacional. Esto significa que hay órganos jurisdiccionales que han actuado contra ciudadanos en base a maniobras realizadas por las cloacas.
El final de las cloacas parece incierto.
Sí, pero tiene solución y pasa por concluir un proceso de democratización en el que estos hechos no sucedan. El problema no es Villarejo, sino cuántos hay como él. Me sorprende que nadie se pregunte quién se ha quedado con su negocio ahora que no está.
En los últimos años usted ha tenido una gran relevancia pública e, incluso, tiene causas abiertas contra su persona. ¿Cómo vive esta situación?
Mucho estrés y aguantando la presión. Por el hecho de llevar las defensas que llevo me han abierto una causa que es, básicamente, una cloaca del Estado. El modelo es el mismo que utilizaba Villarejo. En mi caso, han premiado con la libertad a un presunto asesino a cambio de declarar en mi contra. A nadie le gusta verse acusado o investigado, pero me voy a defender hasta el final. Ayer declaró en la Audiencia Nacional la persona que ratifica exactamente lo que estoy diciendo. El fiscal del caso debería responder por lo que está haciendo.
El 24 de septiembre detuvieron a Puigdemont en Italia. Al día siguiente quedó en libertad sin medidas cautelares. ¿Qué supuso este suceso?
Fue un hecho preocupante porque el Tribunal Supremo no respetó la legalidad europea y activó unos mecanismos que el propio Estado español ya le estaba diciendo al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que estaban suspendidos. Afortunadamente los jueces italianos se dieron cuenta de que esto no podía ser, y corrigieron la actuación del TS.
Durante aquellos días se habló de que Europa había dejado en evidencia al juez Llarena.
Hasta el momento todo le ha salido mal porque las formas con las que se está llevando este procedimiento, tanto por Llarena como por las altas instancias jurisdiccionales, no encaja en el sistema democrático europeo. Es impropio de un Estado democrático y de derecho. Por eso queda en evidencia. Este es uno de los grandes méritos del exilio.
Se ha llegado a comparar con lo vivido en Polonia, donde el Tribunal Supremo decidió ignorar el fallo previo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ya estamos en esa misma situación. Tanto el TS como el TC españoles han hecho ver por la vía de los hechos que el derecho nacional está por encima del derecho europeo. Es exactamente lo mismo que ha pasado con Polonia. En Europa la percepción está siendo la misma: todos nos preguntan qué está pasando en España. Es complejo de explicar y ahí es donde debemos ahondar en los próximos meses. Explicar qué está pasando en España, porque tiene mucho de descomposición sistémica.
Afirma que lo sucedido en Italia en septiembre y en Alemania en 2018 han sido dos puntos de quiebra fundamentales.
Sí, porque en Alemania se demostró que los hechos no eran delictivos y en Italia, que España no respeta el derecho europeo. Los juristas y autoridades jurídicas europeas se están dando cuenta de que el problema no es Puigdemont, sino el Tribunal Supremo.
¿Son optimistas respecto a las futuras resoluciones?
Estamos convencidos de que sí. El caso de Valtònyc es paradigmático. Aquí está condenado por injurias a la Corona, pero ese mismo delito ha sido declarado inconstitucional en Bélgica en base a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por las que se condena a España. Pero este país sigue insistiendo en que ese delito es constitucional. Viven en Matrix.
El 28 de diciembre se decide la extradición de Valtònyc en Bélgica.
Lo que ha ocurrido en Bélgica ya es una victoria porque llevamos dos triunfos seguidos. Pase lo que pase, la resolución puede recurrirse, así que seguiremos trabajando.
¿La política ha delegado su trabajo en la justicia?
La judicialización de la política fue un hecho que inició Rajoy con Cataluña. Es uno de los mayores históricos, porque un problema político nunca se resuelve en los tribunales. Quien crea que los tribunales tienen capacidad para resolver un problema político es que no sabe ni de política ni de justicia. Siempre ha existido una parte muy reaccionaria con los catalanes que se evidencia en el juicio a Puigdemont. Porque es una persona valiente que está haciendo su lucha, y eso les molesta mucho.
