Su lectura de los hechos es bastante comprensible. Tras soportar casi dos años de pandemia trabajando a destajo, los primeros meses sin mascarillas ni trajes de protección suficientes, siendo además uno de los colectivos más respetuosos con las medidas de seguridad y habiéndose vacunado de forma masiva contra la covid-19 (con una cobertura del 95,5%), ahora ven como el Govern de Armengol pone la lupa sobre ellos, acusándoles en parte de ser los responsables de la incontrolable situación epidemiológica actual, interpretan.
Diario de Mallorca ha recabado la opinión de las formaciones sindicales sanitarias sobre la pretensión del Ejecutivo autónomo de exigir a los no vacunados la realización de tres pruebas diagnósticas semanales para poder acceder a su puesto de trabajo y que todos los empleados, vacunados o no, presenten igualmente una PCR negativa al reincorporarse al trabajo tras disfrutar de un permiso.
«De las manifestaciones realizadas por la consellera de Salud que señaló que se pedirán las pruebas diagnósticas para conseguir entornos seguros para los pacientes hay un claro señalamiento al personal sanitario», rompe el fuego Miguel Lázaro, presidente del sindicato médico (Simebal).
El presidente de los médicos se pregunta por qué la exigencia de la PCR no se extiende también al personal vacunado, señala recordando que hay evidencias de que los inmunizados también se infectan e infectan. «Otra cosa es que este país, como Alemania, hubiera legislado para que la vacunación fuera obligatoria», diferencia.
«No nos vamos a oponer a esta medida , que creemos que obedece exclusivamente a conseguir que se vacune el mayor número posible de personas», comienza Jorge Tera, responsable del sindicato de enfermería (SATSE) en las Islas.
«El personal sanitario, por las circunstancias que sean, tendemos más a relacionarnos entre nosotros. Hay parejas, los compañeros de un mismo servicio bajan juntos a desayunar... Pero ahora que la incidencia sube se están anulando las cenas de trabajo y pensamos que las medidas anunciadas ayer (por el lunes) buscan evitar que haya tantos sanitarios infectados o aislados como contactos estrechos. Ese es el objetivo, no el de proteger a los usuarios», interpreta Tera antes de lamentar como Lázaro que les hayan puesto (a los sanitarios) en el foco mediático sin merecerlo.
Salud informó de que ayer había 154 sanitarios contagiados y 67 aislados como contactos estrechos.
El secretario regional del SATSE también lamenta que esta medida solo se aplique al personal sanitario y no, por ejemplo, a los docentes cuyo ámbito padece en estos momentos una mayor inestabilidad epidemiológica.
Estudiar para impugnar
No se van a oponer a estas peticiones de pruebas pero sí advierte Tera que estudiarán detenidamente con la intención de impugnar el aval judicial solicitado para reclamar también una PCR a la vuelta de las vacaciones tanto al personal no vacunado como al que sí lo esté. «No entendemos que se reclame a una persona vacunada que regresa asintomático de unas vacaciones que ha disfrutado con personas que no son de riesgo», concluye.
Más conciliador se muestra Miguel Ángel Romero, líder sanitario de UGT, que revela que la iniciativa del Govern se puso en marcha tras darse un caso en la central de Infocovid en la que una trabajadora con síntomas se negó taxativamente a realizarse una prueba PCR que descartara su infección por covid-19 [el Servei de Salut confirmó esta circunstancia asegurando que a esa trabajadora ya se le ha abierto un expediente que podría concluir con una suspensión de empleo y sueldo].
«Trasladamos esta cuestión a los afiliados y el sentimiento más generalizado fue. ‘¡Ya era hora!’ Y pensamos lo mismo porque no tenía sentido que se exijan estas pruebas en las residencias de ancianos y no en el sector sanitario. Pensamos que la actuación del Govern es legal, pero nos remitimos a lo que diga el TSJB», concluye el ugetista.
Alejandro Juan, representante de sindicato de los técnicos en cuidados enfermeros (USAE), tampoco vio mal la medida arguyendo que no se va a obligar a nadie a vacunarse. Lo que sí lamenta Juan es que en los hospitales no haya filtros de acceso para los familiares de los pacientes, circunstancia que desmintió el Servei de Salut asegurando que se les toma la temperatura antes de entrar y que se les facilita una mascarilla quirúrgica para acceder al recinto en caso de que lleven otra.
Antoni Jesús, secretario de organización de la Federación de Sanidad de CC OO, también ve la medida discriminatoria por lo que estima que no es la mejor solución para la actual situación epidemiológica. «Habría que idear otro sistema para que no solo todos los empleados públicos demostraran que no están contagiados sino también todos los usuarios que accedan a la Administración», propone.
Ya para acabar, Luis Apolinar, presidente del CSIF en Balears, también se declara «a la espera del aval de TSJB» ya que, admite, «no ve la medida completa. Debería exigirse una prueba diagnóstica no solo a los no vacunados porque está demostrado que los que se han inoculado el fármaco también pueden contagiar».
La sanidad privada dice desconocer cómo se aplicará
Antoni Fuster, gerente de la Unión Balear de Entidades sanitarias (UBES) que engloba a la sanidad privada en las Islas, considera la exigencia de las pruebas como «una medida que irá bien para el control de la pandemia». Ahora bien, ignora por completo cómo se hará, desde el Servei de Salut no se les ha informado del protocolo con el que piensan ejecutar la medida. Preguntado sobre quién correrá con el gasto de las pruebas a los sanitarios privados, Fuster considera que debería correr a cargo del Servei de Salut y remite al aval del TSJB para conocer los detalles.
