No existió detención ilegal, ni tampoco prevaricación, en la decisión que el pasado verano adoptó la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, al ordenar el traslado obligatorio al hotel covid de un numeroso grupo de estudiantes, que viajaron a Mallorca para celebrar el fin de curso. Así lo interpreta la magistrada Ana Pérez Carrillo, que ha decidido archivar la denuncia, inicialmente admitida a trámite, contra la directora general. Una decisión que se basa, sobre todo, en la interpretación previa que realizó el Tribunal Superior de Justicia, que avaló la decisión drástica adoptada por Font, empujada por los contagios masivos que se habían producido entre los estudiantes y que ya se habían extendido a la península.
La polémica que provocó el traslado obligatorio de estos jóvenes, que permanecieron varios días sin poder salir del hotel, ha arrastrado interpretaciones jurídicas contradictorias. Mientras que la jueza del juzgado de lo contencioso, que fue la primera en pronunciarse, consideraba que se trataba de una media ilegal, por cuanto se estaba obligando a cumplir la cuarentena en el hotel a estudiantes sin confirmar que estuvieran contagiados, el Tribunal Superior realizó después una interpretación muy distinta. La Sala concluyó que la decisión de la dirección general de Salud Pública no era arbitraria, sino que respondía a criterios médicos, con la intención de controlar el brote. El TSJB se pronunció sobre este tema cuando los jóvenes ya no estaban en el hotel, porque se marcharon el mismo día que la jueza de lo contencioso dictó la primera sentencia.
La indignación mostrada por los padres de nueve de los casi 300 estudiantes se tradujo en una denuncia penal por los delitos de detención ilegal y prevaricación, que fue inicialmente admitida a trámite. El juzgado incluso llegó a fijar una fecha para que la directora general acudiera al juzgado a declarar como investigada. La jueza aceptó a trámite la denuncia, pero lo hizo antes de analizar a fondo la documentación que se le aportó para justificar las razones de este confinamiento obligatorio de los estudiantes. La declaración como investigada de Maria Antònia Font fue aplazada, pero ahora no tendrá que acudir al juzgado, al descartar que cometiera los graves delitos que le atribuían los padres de los estudiantes.
Para explicar este archivo la jueza señala en su resolución que «a la vista de la documentación existente en la presente causa no se desprende que se hubiera actuado con abuso de autoridad, o de forma arbitraria, sino conforme a una norma de salud pública, basa en el informe del centro de emergencias». Es decir, la magistrada interpreta ahora que se trató de una decisión basada en criterios sanitarios para controlar el brote que se había detectado sobre el grupo de estudiantes.
Reacción de las familias
Esta decisión de archivar la denuncia no la comparten los padres que denunciaron el caso, que mantienen que la orden adoptada por la conselleria de Salud era ilegal, por cuanto mantenía retenidos a un grupo de jóvenes sin comprobar antes si formaban parte del grupo de contagiados. Así, Arantxa de la Fuente, madre de uno de los estudiantes, mostró ayer su frustración por la decisión judicial, que consideró injusta, dado que insiste en que existió detención ilegal. «Voy a seguir considerando, lo diga quien lo diga, que fue una situación absolutamente injusta», expresó la madre.
Armengol y Gómez, satisfechas con el fallo
Patricia Gómez, consellera de Salud, aseguró ayer que el archivo de la causa contra Maria Antònia Font «es una de las más importantes alegrías de esta pandemia». Gómez añadió que «se ha demostrado que no se cometió ningún delito, no hubo detención ilegal y queda evidencia de que se actuó de forma correcta y siguiendo los protocolos». La consellera Gómez también quiso aprovechar la ocasión para lanzar una crítica para aquellos partidos que «pusieron en duda que desde la conselleria de Salud se actuó de forma correcta y siguiendo los protocolos al confinar los estudiantes
La presidenta Francina Armengol también se manifestó tras conocer la resolución de la magistrada, en este mismo sentido a través Twitter: «Maria Antònia Fot hizo lo que todos pensábamos que se debía hacer para preservar la salud de todos y el conjunto de los ciudadanos. Muy contenta por ella y todos los profesionales que cada día velan por nosotros», concluyó Armengol.
El Govern ha defendido en todo momento a la directora general por su decisión.
