La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, aplaudió ayer el «primer paso» que supone la propuesta del ministerio de Hacienda y Función Pública sobre el cálculo de población ajustada del modelo de financiación autonómica.

Sánchez aseguró que de esta manera se puede abordar el proceso de negociación y llevar a cabo un debate global sobre el futuro sistema.

El informe remitido por el Ministerio a las comunidades sobre el criterio de población ajustada abre un proceso de «negociación y debate» sobre este elemento del sistema de financiación, para recibir las aportaciones de las comunidades, comentó la titular autonómica.

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores incidió en que, de este modo, «se da un paso adelante para un debate más global sobre los diferentes elementos del sistema de financiación», el cual se encuentra pendiente de revisión desde 2014.

Sánchez señaló que su departamento estudiará «en profundidad» la propuesta técnica planteada por el Gobierno central para hacer las correspondientes aportaciones en defensa de los intereses de la ciudadanía de las islas. Y añadió que, con este primer paso, se inicia un proceso de debate con un primer documento extenso con datos y metodologías que permitirán un análisis detallado de las diversas variables poblacionales.

La consellera recordó que el criterio de población ajustada es uno de los elementos del modelo de financiación, el cual tiene en cuenta la población empadronada y otras circunstancias geográficas, sociales o territoriales, a través de diversas variables poblacionales y otras correctoras.

Entre las correctoras, se mantiene la variable asociada a la insularidad, y se incorpora una relativa a los costes fijos para las comunidades autónomas con una población inferior a los dos millones de habitantes, como es el caso del archipiélago.

En su valoración, Sánchez precisó que hay «elementos interesantes» para las islas, como la nueva variable correctora que incorpora los costes fijos de las comunidades de menos población, puesto que Balears tiene «importantes» costes fijos por el hecho de prestar servicios públicos en cuatro islas.

También apuntó que en el debate específico sobre población ajustada se tiene que profundizar en otros aspectos, como la valoración de los sobrecostes de los servicios públicos derivados de la insularidad, la diferencia de precios entre las comunidades para la provisión de servicios, el peso de la población flotante o los costes asociados a la congestión que se puede producir en determinadas zonas por el incremento de población.