Bares y restaurantes de Mallorca, que cuentan con más de 50 plazas en el interior de sus locales, empezaron ayer a exigir el pasaporte covid a los clientes que deseaban consumir dentro. Una condición que ha impuesto el Govern, con el aval de los tribunales, como medida preventiva para controlar los contagios. Pero esta obligación no agrada a los restauradores a los que afecta esta condición, porque entienden que no tiene ningún sentido que solo se aplique a los negocios con más de 50 plazas y al resto no se les obligue pedir este certificado a sus clientes. Una situación que ayer provocó algún que otro momento desagradable cuando se prohibió la entrada a algún cliente que no llevaba, o no tenía, este certificado sanitario.
Pilar Carbonell, del restaurante Más Natural, en la plaza de España, señaló que esta campaña de contención sanitaria tiene muchas incongruencias y señaló además que a su juicio era una medida discriminatoria. «Que alguien me explique la razón por la que en los negocios de más de 50 plazas los clientes se pueden contagiar y no ocurre lo mismo en los locales más pequeños». La empresario indicó que no está en contra de las medidas de prevención del contagio, pero pidió que «fueran lógicas». También recordó que, mientras se exige que los clientes que consumen dentro deben estar vacunados, en cambio no es obligatorio que lo estén los empleados que trabajan en estos negocios. Además, apuntó que los restauradores no están dispuestos a actuar como policías, en el sentido de que no van a comprobar si coincide el nombre que aparece en el certificado covid con la identidad real de la persona que lo muestra.
Los bares y restaurantes más grandes pedían dicho certificado a la entrada, pero ya informaban previamente a los clientes de la nueva norma. Un empleado se situaba en la puerta de entrada y, a través de una aplicación informática facilitada por el Govern, podía escanear el código QR del certificado y a continuación aparecía la identidad de dicho documento. Esta información, que únicamente certifica que esta persona dispone de la doble vacunación, no se puede guardar.
El dueño de la bodega La Rambla, Miguel García, negocio que está ubicado en Vía Roma de Palma, también criticó la medida impuesta por el Govern, al entender que se trata de una imposición «incoherente». Detalló que a primera hora se vio obligado a impedir la entrada a unos 20 clientes habituales, porque ninguno llevaba el certificado, y señaló que seguramente estas personas entraron después en otro bar con menor capacidad, donde pudieron sentarse sin ningún problema. «Nadie me va a devolver el dinero de lo que iban a consumir estos clientes». También denunció que este control en la entrada lo que provoca es un retraso en la organización del restaurante y se tarda más tiempo en atender a los clientes.
Si bien la mayoría de la clientela que ayer acudió a los restaurantes conocían la obligación que ha impuesto el Govern, algunos de ellos se mostraron contrariados al no permitirles la entrada y mostraron su queja a los empleados de estos negocios. La encargada del bar Cristal, de la plaza de España, señaló que se había visto obligada a prohibir la entrada a clientes que habían consumido en la terraza, que pretendían usar los lavabos del local, pero que no pudieron hacerlo porque no disponían de este certificado sanitario.
Muchos bares y restaurantes con menor capacidad colgaron en sus puertas letreros en los que mostraban su oposición a esta nueva campaña de prevención sanitaria impuesta por el Govern.
