Las 350 cabinas telefónicas que quedan en Balears tienen los días contados con el proyecto de Ley de Telecomunicaciones del Gobierno, que deja de considerarlas un servicio público universal y certifica la extinción de este símbolo de las comunicaciones del siglo XX. De acuerdo a la última contabilidad de Teléfónica, empresa que presta el servicio por inercia histórica pese a su nulo rendimiento comercial, al concluir 2020 había 288 cabinas en Mallorca, 33 en Menorca, tres en Formentera y 39 en Eivissa, aunque de estas últimas se han retirado trece de Vila a petición del Ayuntamiento.

Las cabinas, elementos característicos del paisaje de ciudades y pueblos durante casi un siglo, han quedado obsoletas con la expansión de la telefonía móvil. El promedio de llamadas del año pasado fue de poco más de una a la semana, 0,17 al día, la mitad que tres años antes.

Hoy en día, si alguien tiene que telefonear con urgencia desde la calle y no tiene un teléfono propio lo común es que pida a alguien que le deje usar su terminal móvil antes que ponerse a buscar un teléfono público de monedas.

Un portavoz en Balears de Teléfónica, que tiene externalizado el mantenimiento de las cabinas a través de Cabitel, explicó a Efe que en las últimas ocasiones en que el servicio salió a concurso en el conjunto de España ningún operador concurrió a la licitación, por lo que automáticamente se prorrogó la prestación a cargo de la antigua empresa estatal.

La última adjudicación bienal expira el 31 de diciembre de 2021 y el Gobierno prevé que la ley que levanta su obligatoriedad se aprobará en el primer semestre del año próximo.

Una cabina por cada 3.484 habitantes

La normativa aún vigente garantizaba al menos una cabina en las poblaciones de más de un millar de habitantes y, a partir de ahí, un teléfono público por cada 3.000 habitantes. Con la última cifra oficial de población del archipiélago, la media es de una cabina por cada 3.484 habitantes.

Cuestión distinta es si todas esas cabinas están en buen estado, puesto que su deterioro por vandalismo es una constante. Por ello, Telefónica ha atendido las peticiones de retirada planteadas por municipios que entendían que las cabinas afeaban o representaban un obstáculo en sus calles, como ha sido el caso de Eivissa.