El conseller de Educación del Govern, Martí March, «ni tan solo se tomó la molestia de iniciar una investigación interna y prefirió salir en prensa y declarar que se dieron los pasos correctos y que el servicio de riesgos laborales realizó un seguimiento del caso. Estas declaraciones son falsas». Además, el IB-Dona y el Centre d’Informació de la Dona del Consell de Mallorca son «las dos organizaciones más perversas e hipócritas [...]. Pusieron en una parte de la balanza mis derechos como mujer y en la otra los intereses políticos, y se decantaron claramente hacia esto último sin ninguna duda. Mujeres que no se atreven a causar lío político diciéndonos a otras que seamos valientes y denunciemos».
Estas palabras las escribe la profesora Mariluz Esún un día después de la publicación de la sentencia que ha condenado a un excompañero del Institut d’Educació Secundària (IES) Madina Mayurqa a diez meses de cárcel por acosarla, causarle «violencia psíquica», así como «una pesadilla continua» y «una presión psicológica» que le ha provocado «temor, angustia y crisis de ansiedad», según el contundente fallo de la magistrada Francisca Ramis, ante el que cabe recurso.
La víctima envió ayer una carta a los claustros docentes de los centros de Secundaria de la isla explicando el caso, así como «la obligación que tenía la Conselleria de actuar» en cuanto la víctima pidió ayuda. El primer obstáculo con el que se encontró fue el del inspector docente: «En mayo (de 2020) se reúne con mi excompañero para recordarle que tiene que respetar a sus compañeros y le aprueba la fase de prácticas de funcionario», al mismo tiempo que «obvia que la ley le obliga a activar el protocolo y entrevistarse con la denunciante». Como en los meses siguientes la afectada no obtuvo ningún tipo de explicación por parte del departamento de Inspección Educativa, empezó a solicitarlas en octubre, debido a que el ahora condenado seguía acosándola. «No contesta nunca ninguna de mis peticiones presentadas y registradas», hasta el 15 de junio de 2021, día en el que Diario de Mallorca publica la acusación de «pasividad de la conselleria de Educación» frente a este caso de acoso sexual.
"Las instituciones a las que he pedido ayuda han preferido mantenerse en silencio, convirtiéndose así en cómplices"
En ocho meses de escritos ante la Conselleria y el silencio como respuesta, Mariluz Esún también se puso en contacto, «para pedir ayuda», con otras organizaciones, que también «prefirieron mantenerse en silencio, convirtiéndose así en cómplices», según señala. Y cita al mencionado IB-Dona, el Centre d’Informació de la Dona del Consell de Mallorca, el PSIB-PSOE, Més y Podemos. «Algunos me han contestado con excusas estúpidas, como que el caso estaba judicializado y, efectivamente, mi caso contra este señor estaba judicializado, no así la negligencia y vulneración de mis derechos como trabajadora por parte de la Conselleria. Otros me contestaron diciendo que lo pasaban al departamento correspondiente y nunca más se supo. Otros no respondieron», tal como recrimina.
Demanda al Govern
Llegó a los juzgados por la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional el 6 de noviembre de 2020, porque «la situación era insostenible», relata en la carta a los profesores. Tras comunicar el nuevo paso al inspector, este informó el día 30 de ese mes al departamento de Personal Docente «de un posible caso de acoso». Sin embargo, la profesora incide en «la negligencia absoluta de la conselleria de Educación por no poner en marcha ningún protocolo» cuando comunicó a su directora, y ella a Inspección, que estaba padeciendo una «situación intolerable» y ella y su familia necesitaban «que alguien parase a un compañero de trabajo que no tenía ninguna intención de respetar que ‘no es no’».
El Govern balear, a través del departamento de Martí March, «vulneró» los derechos de Esún. «Me dejaron absolutamente abandonada y desatendida ante la situación que estaba sufriendo, pese a que la ley de Igualdad de 2007 obliga a las empresas a tener, dar a conocer y activar protocolos de prevención y actuación en caso de acoso sexual o por razón de sexo». Por este motivo, prevé exigir «responsabilidades a una conselleria de Educación que ha demostrado no tener ningún respeto por los derechos de su personal docente», en palabras de la víctima. Lo hará a través de la vía civil cuando la sentencia sea firme.
No obstante, antes de llegar a ese extremo, todavía le queda la «esperanza de que sean capaces de reconocer los errores, asumir responsabilidades, asegurarse de que casos como el mío no vuelven a pasar y pedir disculpas a todo un colectivo», tal como reclama la profesora del Madina Mayurqa.
