«Al menos el fallo del Supremo no dice nada de los procesos de selección en marcha al amparo del decreto del catalán así como los que ya han concluido», veía la parte positiva la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, en una primera valoración del Govern sobre el varapalo judicial recibido.
«El auto del Supremo ya está en manos de nuestros servicios jurídicos, que están estudiándolo. Vamos a ir hablando con tranquilidad hasta decidir a ver qué hacemos», explicó la consellera.
De lo que sí se congratuló Garrido es de que la mayoría de las oposiciones convocadas en el Servei de Salut para estabilizar la situación de los empleados públicos, en un elevado porcentaje trabajando aún con contratos temporales e interinos, ya se habían realizado antes de conocerse el fallo del Supremo.
El sindicato UGT, de la mano de su secretario general de Sanidad, Miguel Ángel Romero, reclamó al Ejecutivo autonómico que «incorporen el texto del decreto del catalán como una disposición adicional a la Ley de Función Pública para que esa norma sea convertida en ley», señaló coincidiendo con la apreciación inicial del Tribunal Superior de Justicia de las islas.
El líder sindical se mostró muy crítico con los recursos que plantearon en su momento los sindicatos CSIF y STEI-i que, en su opinión, fueron presentados sin medir bien las consecuencias: Que si prosperaban como finalmente ha sido se tendría que aplicar la ley de Función Pública, «más exigente para los trabajadores del IB-Salut y sin ningún periodo transitorio».
«Compadezco al señor Fuster»
El presidente del sindicato médico (Simebal), Miguel Lázaro, estimó que el fallo del Supremo ha desencadenado la «tormenta pefecta. Compadezco al señor Fuster [Juli, director general del Servei de Salut] porque no sé cómo va a gestionar esto».
Para el líder sindical, el asunto ya trasciende la polémica lingüística y se trata en realidad de un notorio «déficit de médicos» ante el que el Govern «debe mover ficha. Si antes la aplicación del decreto del catalán ya tenía un efecto disuasorio a la hora de captar a sanitarios, a partir de ahora limitará las ofertas públicas de empleo».
El secretario general del sindicato de enfermería (SATSE), Jorge Tera, no quiso a entrar a valorar el fallo y la situación que emana de él hasta saber qué piensa hacer el Govern.
No obstante, el líder sindical sí se preguntó qué va a pasar con las contrataciones temporales de las que abusa el Servei de Salut. ¿Qué nivel de catalán se les pedirá?
