El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, aprobado ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez, no incluye ni un solo euro para los convenios de carreteras y ferroviarios de Mallorca. Los 230 millones de euros de inversión que el Consell había firmado con el Estado quedan en el aire a la espera de que se incluyan en un nuevo convenio después de que el anterior, que vencía el año que viene, haya sido resuelto.

En conjunto, el archipiélago recibirá 172 millones de euros de inversión territorializada, un 14% menos que este año. Sin embargo, estas cuentas también marcan un punto de inflexión para el archipiélago porque son las primeras que incluyen el factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Balears (REB): 183 millones de euros.

Las islas recibirán del Estado un total de 172,35 millones de euros frente a los 201,11 millones ingresados este ejercicio. En total, las islas recibirán de las arcas del Estado el próximo año 28,7 millones de euros menos. Esos 172,35 millones de euros suponen el 1,30% de todas las inversiones del conjunto de las comunidades autónomas: 2.267,07 millones de euros.

El Govern celebra las cuentas

La consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, aseguró que Balears está, gracias a esos 183 millones del factor de insularidad, «por primera vez por encima de la media de la inversión» de las comunidades autónomas. «En el presupuesto pasamos a tener una inversión per capita, si sumamos el factor de insularidad, por encima de la media, un 2,73 %», indicó Sánchez durante el debate del techo de gasto para los presupuestos de la comunidad en el Parlament.

«En el Presupuesto General del Estado estamos por primera vez por encima de la media de la inversión de las comunidades autónomas», insistió.

Hacienda recordó que esos 172 millones se destinan a las inversiones que hace el Estado en sus infraestructuras en las islas. Y que el factor de insularidad «es el instrumento diseñado para compensar ese déficit inversor histórico del Estado en Balears».

Sin embargo, el PP criticó el «trilerismo presupuestario» del Govern. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Costa, lamentó que la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, «se haya dejado engañar por el Gobierno de Sánchez».

Costa subrayó que los PGE no prevén «ni un euro» para los convenios de carreteras y el ferroviario. «Se cumplen nuestras peores expectativas», lamentó el dirigente popular.

«El factor de la insularidad ha sido un juego de ‘trilerismo’ presupuestario por parte ‘Engaños Montero’. Es una vergüenza insuperable», destacó.

La conselleria de Hacienda del Govern defendió que esa pérdida de treinta millones de euros de inversión territorializada se ve ampliamente compensada por los 183 millones de euros del REB. Asimismo, justificó que la partida del convenio de carreteras es una negociación del Consell de Mallorca en la que el Govern no interviene.

Preocupación por las carreteras

En el PP balear consideran que no se pueden sumar las partidas de la inversión territorializada y la del REB porque pertenecen a capítulos diferentes dentro de los PGE. Asimismo, recordaron que estas cuentas contemplan unos doscientos millones de euros de inversión en carreteras para Canarias, y expresaron su preocupación por el hecho de que esos 230 millones que el Estado adeudaba a Balears en el marco del convenio de carreteras se hayan perdido definitivamente.

Por su parte, la coordinadora autonómica de Ciudadanos y portavoz de la formación en el Parlament, Patricia Guasp, criticó que Balears «vuelve a estar en la cola de inversiones reales». «Somos la tercera comunidad en la cola. Consideramos que este acuerdo con el factor de insularidad ha sido fake porque sólo compensa lo que perdemos por el sistema de financiación autonómica», aseveró Guasp.

Andalucía y Cataluña, las dos comunidades más pobladas, recibirán un 17,4 % y un 17,2 % de la inversión territorializada del Estado en 2022, mientras que las dos siguientes, Madrid y la Comunidad Valenciana, se quedarán en el 8,9% y el 9,3 %.

Estos porcentajes son similares a los de población en los casos de Andalucía, Cataluña, cercanos al 17 %, y de la Comunidad Valenciana, alrededor del 10 % del total de la inversión, pero no en el de Madrid, donde viven alrededor del 14% de los españoles.

La que más sube respecto a 2021 es Galicia, un 29,27 % (243,32 millones).