Medio centenar de empleados interinos y temporales de Balears ha secundado esta mañana la manifestación para exigir que todos estos empleos con la administración se conviertan en trabajos fijos. La protesta ha comenzado en la plaza de Cort, con protestas frente al Ayuntamiento, y ha finalizado dos horas más tarde frente al Parlament. La manifestación estaba organizada por cuatro asociaciones que representan a estos funcionarios interinos.
La protesta ha coincidido con otras acciones que se han realizado en el resto del Estado, que han secundado la huelga general convocada por la Comisión de huelga estatal por la lucha de los trabajadores en precario de las administraciones públicas. Una protesta que ha servido para denunciar la precaria situación que padecen 29.500 empleados públicos temporales que trabajan en las administración balear en una situación que califican de abuso. Esta situación se extiende a unos 800.000 trabajadores en todo el Estado.
La coordinadora recuerda que este movimiento laboral tiene rostro de mujer. “De nuevo somos las mujeres las que sufrimos la precariedad laboral, las que mayoritariamente ocupamos estas plazas de temporalidad ilícita, mujeres que actualmente tenemos una media de edad superior a los 45 años, y que nuestros ceses nos abocarán a la exclusión social, al verse afectadas nuestras cotizaciones en los últimos años de nuestra vida laboral y ser un colectivo con especiales dificultades de reincorporación laboral”.
Estas plataformas de interinos son muy críticos con los sindicatos mayoritarios, que han firmado un acuerdo con la administración, que consideran que vulnera sus derechos laborales.
La coordinadora de interinos de las islas denuncia que, pese a que está en trámite parlamentario la ley que pretende terminar con este abuso laboral, las administraciones continúan con los procesos selectivos, que “Europa ya ha calificado como ilegales para los trabajadores en fraude de ley”. Critican también que los partidos políticos no se hayan preocupado en inspeccionar estos contratos fraudulentos.
Estos empleados públicos exigen una estabilidad en el empleo y creen que la solución pasa por crear la llamada figura de personal a extinguir, que “erradicaría en poco tiempo la temporalidad ilícita y evitaría miles de juicios e indemnizaciones”, señalan los convocantes de esta concentración.
