Nacido en León en 1947, ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, órgano en el que también ejerció de vicepresidente como la vicepresidencia que también desempeñó en el CGPJ. Durante 10 años fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
No es muy querido por la derecha de este país. ¿Atribuye esa animadversión a sus decisiones contrarias a la doctrina Parot o al hecho de que no estimase como un delito de injurias a la Corona la quema de fotografías del Rey?
Esas decisiones no las tomé yo, tan solo era parte del tribunal, en el caso Parot, una sala de 17 jueces. Yo creo que se trata de sentencias, no de decisiones políticas, que se han limitado a aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo se creó para controlar y verificar la aplicación del Convenio por parte de sus países firmantes que, todos ellos, son Estados de Derecho. Ahora bien, ser un Estado de Derecho, democrático, no significa vivir en un paraíso terrenal. No quiere decir que no haya arbitrariedades y que sus tribunales constitucionales o supremos puedan llevar a cabo violaciones de derechos humanos. Por eso opino que las críticas que se pueden verter contra el Tribunal Europeo no pueden ser políticas ni ideológicas o por descontento con sus decisiones. Se puede estar en desacuerdo, pero creo que las garantías procedimentales aseguran que no van a ser decisiones arbitrarias ni partidistas.
¿Cree que España respeta los derechos y libertades reconocidos en el Convenio?
Sí, porque España es un Estado de Derecho, eso es evidente. Pero serlo no debe servir como excusa para decir que no va a haber violaciones de derechos o actuaciones arbitrarias. España no es de los países que es más condenado, pero eso no significa que su actuación sea impoluta.
El Convenio de Derechos Humanos se firmó en 1950, ¿ha cambiado desde entonces la realidad social como para ampliar las libertades a proteger?
Dentro del Convenio hay países firmantes con mas solera democrática que otros. Luego está la cuestión del tiempo en el que la conciencia jurídica europea ha progresado. Por ejemplo, la objeción de conciencia al servicio militar. Cuando se aprobó el Convenio nadie pensaba que aquello fuese un derecho natural. O la pena de muerte, que existía en el año 50 y ahora sería inconcebible. La jurisprudencia del Tribunal ha ido haciéndose más rica y más progresiva. El Convenio es un instrumento vivo que se adapta a las nuevas realidades.
¿Cuáles cree que son los principales déficits de este país en lo que atañe al respeto de los derechos y libertades?
Creo que es un sistema de Derecho que no deja de tener puntos mejorables. El Tribunal ha condenado a España en bastantes ocasiones por vulnerar la libertad de expresión, sobre todo por críticas a las autoridades. Y también habría que mejorar el tratamiento de las personas en detención. Cuando hay quejas de malos tratos durante la detención, estas no se investigan suficientemente. España solo ha sido condenada una vez por efectivos malos tratos en la detención pero ha sido condenada bastantes veces porque no los ha investigado suficientemente.
¿Le parece aquilatada la actuación de la justicia española con el Procés Català?
Eso está pendiente de muchos tribunales, está actuando tanto el Tribunal de Estrasburgo (de Derechos Humanos) como el Tribunal de Justicia de la UE. Creo que desde la perspectiva procesal hubo garantías en un juicio que se retransmitió por televisión. La cuestión que veo más dudosa en la que puede intervenir Estrasburgo es en la proporcionalidad de las penas. Es evidente que hubo una actuación ilegal por parte de los políticos catalanes. Pero una pena de trece años por una actuación que tiene una dimensión política clara me hace dudar mucho sobre su proporcionalidad. Otra cosa es que la decisión de Estrasburgo no va a tener mucha influencia sobre el problema de fondo, el problema catalán. No creo que la cuestión catalana sea una cuestión resoluble jurídicamente. Por eso las sentencias del Procés podrán discutirse pero no van a tener consecuencias políticas salvo el uso propagandístico que le den los partidos.
¿Qué se ha hecho mal con Puigdemont que siempre triunfa frente a la justicia española?
Es una cuestión jurídica complicada desde el momento en que el señor Puigdemont tiene residencia en un país europeo. Por eso responde ante tribunales europeos a lo que se une su credencial de eurodiputado. El resultado es una complicación jurídica considerable porque cada país sigue sus sistemas y sus procedimientos. Y el señor Puigdemont vive y reside en estos momentos en Bélgica amparado por los derechos de ese país. Cada uno se defiende como puede y el señor Puigdemont tiene perfecto derecho a hacerlo.
¿Conoce el caso del rapero mallorquín Valtònyc condenado por la letra de una canción y también exiliado en Bélgica?
Creo que la libertad de expresión es fundamental en un sistema democrático y si hay que pecar de algo más vale pecar por exceso de permisividad que por restricción. Porque la primera puede afectar a una o dos personas pero la restricción afecta a todo el sistema. Los delitos de odio, por ejemplo, deben considerarse cuando se está perjudicando a sectores o personas especialmente vulnerables, pero criticar a las autoridades en ningún caso puede ser considerado como un delito de odio porque la autoridad no es ningún sector vulnerable que deba protegerse.
¿Qué haría en el ámbito judicial para avanzar hacia una resolución democrática del conflicto catalán?
Creo que la Constitución Española permite una ley de amnistía que haga posible empezar desde cero e iniciar un diálogo político.
¿Quién es el culpable de la no renovación del CGPJ y cuál es su motivación?
Es evidente que la motivación es política para mantener la situación actual. Pero quien renueva el órgano son las cámaras. Y echo de menos una actuación más institucional de la presidencia y la mesa del Congreso. En estos momentos es responsabilidad de las cámaras el forzar a los grupos a actuar y a explicar públicamente su postura.
