No hubo conformidad ayer en la vista previa por grabar en vídeo, que se hizo viral, a policías que entraron en un piso de Palma en pleno confinamiento por la covid. El juicio quedó aplazado para el próximo 24 de enero. El fiscal y la acusación particular, que representa a los agentes, solicita para el acusado una pena de tres años de prisión por los presuntos delitos de desobediencia, injurias y calumnias y contra la intimidad. El ministerio público reclama para el procesado una indemnización de 3.000 euros y los funcionarios la suma de 5.000 euros.
La vista previa del juicio tuvo lugar sobre las 11.00 horas de ayer en el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma. Al no alcanzarse un acuerdo de conformidad entre las partes, se señaló como fecha de celebración del juicio para el próximo 24 de enero.
La abogada del encausado, Beatriz Fernández, se mostró contraria a que su cliente alcanzara acuerdo alguno. De hecho, calificó de «excesiva» la petición de prisión y sustentó también su posición en la declaración de nulidad del estado de alarma y negó que su defendido hubiera difundido las imágenes en las redes sociales
Antes de la celebración de la vista previa, representantes del sindicato policial Jupol acudieron a los Juzgados de Vía Alemania para arropar a los agentes personados como acusación particular. El sindicato resaltó que el autor de la grabación del vídeo no era el morador y que este les franqueó el paso a los agentes.
El portavoz nacional de Jupol, Pablo Pérez, calificó de «impecable» la actuación policial que tuvo lugar el 9 de mayo del pasado año en pleno confinamiento. Pérez consideró que la petición de pena para el autor de la grabación no era desproporcionada. En este sentido, el sindicalista aseguró que la grabación y la posterior difusión de las imágenes a través de las redes sociales puso en un grave riesgo a los policías. «Se les podía reconocer perfectamente», recalcó.
«La salud era una prioridad»
Por su parte, el portavoz de Jupol en Balears, Chechu Enrique, respaldó plenamente la intervención que realizaron sus compañeros el 9 de mayo de 2020 al entrar en un domicilio de Palma, alertados por vecinos del inmueble. Las restricciones sanitarias eran máximas en un momento en el que arreciaban las muertes por la pandemia. «La salud pública era una prioridad», abundó.
