Duro varapalo de la Audiencia de Palma a los padres de los alumnos del colegio Sant Francesc de Palma, que falsificaron datos de sus hijos, para conseguir una mayor puntuación que prácticamente aseguraba una plaza en el centro escolar. El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Palma ha ratificado casi en su totalidad la sentencia dictada hace unos meses por la jueza de lo Penal número 4, que sentenció a once padres a penas de prisión (aunque no de cumplimiento), tras quedar demostrado que habían aportado falsos datos en el proceso de escolarización de sus hijos. Las penas se establecían entre los seis y los nueve meses de prisión, más el pago de una multa económica, que rondaba unos dos mil euros por padre. El tribunal, para resolver la apelación presentada por varios de los condenados, únicamente modifica las sanciones económicas y lo hace porque aprecia una atenuante de dilaciones indebidas, ya que este caso llegó a juicio siete años después de la inicial denuncia.
Precisamente, el denunciante es el padre de uno de los alumnos que quedó fuera de la lista de admitidos del colegio, al no disponer de los puntos necesarios para entrar en Sant Francesc. El progenitor descubrió que otras familias habían hecho trampas para subir posiciones en la lista de aspirantes a poder desarrollar sus estudios en este centro. Trampas que consistieron en certificar que sus hijos tenían una enfermedad, que no padecían, o señalar que trabajaban en el área que permitía acumular puntos para conseguir que aceptaran a sus hijos.
Los documentos médicos acreditaban que los menores sufrían enfermedades tales como celiaquía, artritis o dolencias cardiacas. Ninguna de estas enfermedades era cierta, pero la falsificación de las dolencias otorgaba a los padres un punto decisivo que permitió a sus hijos ser aceptados como nuevos alumnos del colegio Sant Francesc.
El tribunal rebaja las multas y rechaza que los niños que fueron aceptados sean expulsados del centro
El padre que denunció los hechos pretendía, a través de los tribunales, que los alumnos que entraron en el colegio mediante estas trampas fueran expulsados de Sant Francesc y enviados a otros centros de enseñanza. El tribunal no ha querido ir tan lejos. Únicamente sanciona con penas mínimas de prisión (que no se cumplirán en la cárcel) o sanciones económicas a los padres, pero no ha querido extender las consecuencias de las condenas a sus hijos. Los magistrados consideran que el denunciante no ha demostrado que, aunque no se hubieran aceptado estos datos falsos, su hija hubiera sido admitida como alumna en el colegio. También rechaza que estos padres tengan que asumir el coste que le ha supuesto que su hija realice sus estudios en un colegio privado.
Tampoco se aprecia ningún tipo de responsabilidad en el centro escolar. Y lo mismo ocurre con los médicos que firmaron los certificados que describían las falsas enfermedades de estos alumnos. Se da la circunstancia que el tribunal únicamente ha resuelto el recurso de cuatro de los once padres que fueron condenados. Los otros siete reconocieron en el juicio que habían hecho trampas. Gracias al acuerdo que habían alcanzado con la fiscalía la pena quedó limitada a seis meses de prisión, más el pago de una sanción económica. Los otros cuatro, en cambio, no reconocieron delito alguno y debido a que la jueza les declaró culpables igual que al resto, decidieron recurrir la sentencia ante la Audiencia. Sin embargo, el tribunal ha desmontado todos los argumentos jurídicos alegados para justificar su actuación. Lo único que han logrado ha sido una rebaja en la sanción económica que deberán pagar.
