Las reacciones al acuerdo entre el Govern y el Estado por el REB se produjeron en cadena durante la tarde de ayer. El PP, mediante su presidenta Marga Prohens anunció que estará «vigilante del acuerdo y de los 110 millones anuales y exigimos la aprobación de la parte fiscal que baja impuestos a las empresas de las islas». Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, recordó que con este acuerdo «no se compensarán los costes de insularidad que padecemos los ciudadanos de Balears, se trata de proyectos de inversión». Pese a ello, la líder naranja calificó de «buena noticia» el acuerdo que sellaron ayer la presidenta Armengol y la ministra Montero.
En el PP, Antoni Costa también habló y calificó la cifra de 110 millones anuales de «razonable». No obstante, criticó que Armengol no aceptara en 2018 los 90 millones que le ofrecía el ministro popular, Cristóbal Montoro, que hubieran significado 360 millones más en cuatro años. El Pi consideró «insuficientes» los 110 millones y cifró en 220 millones lo que correspondían a Balears en los dos últimos años.
Més y Podemos se atribuyeron ayer el mérito del acuerdo por la insularidad. Los podemitas hablaron de que la «presión» de su partido ha sido clave, mientras el nacionalista Antoni Noguera señalaba que la «perseverancia de Més ha sido determinante».
Por otra parte, la presidenta Armengol reunió ayer en el Parlament a la sociedad civil y a los grupos parlamentarios para explicarles el acuerdo con Madrid. Según Armengol, es fruto del «diálogo y el trabajo en equipo».