Primero empezaron su lucha en los tribunales, con goteos de sentencias que les han ido dando la razón, como dos dictadas en juzgados de Palma. Los arrendatarios de Aena salieron ayer respaldados por el apoyo del Congreso: se acordó obligar al gestor aeroportuario a rebajar los alquileres que cobra a las tiendas y restaurantes. Por iniciativa de Coalición Canaria se aprobó una enmienda que modifica los contratos para que se ajusten las rentas a la caída de los pasajeros provocada por la crisis.
La formación canaria presentó la enmienda durante la tramitación del proyecto de ley de Ordenación del Transporte Terrestre en el Senado. Ayer logró que la Cámara Baja aprobara, con 178 votos a favor, 16 en contra y 152 abstenciones, su propuesta, con el apoyo de PP, ERC, EH-Bildu, PDeCAT y el PNV. Toda una derrota para el Gobierno.
Los grupos parlamentarios criticaron la falta de voluntad de Aena para negociar con sus inquilinos, la mayoría pymes que se estaban jugando sus patrimonios familiares al tener que hacer frente a rentas desproporcionadas tras meses sin ingresos y locales cerrados durante el estado de alarma y mientras Aena mantuvo terminales a medio gas por la caída del tráfico aéreo. También gigantes como Dufry, Áreas, o SSP están peleando contra el gestor en los juzgados.
Este varapalo que se lleva Aena le supondrá unas pérdidas que rondan 1.500 millones con la caída de sus ingresos comerciales entre 2020 y 2025. Tras la votación, la empresa semipública anunció que «ejercerá todas las acciones que corresponda» para no tener que bajar los alquileres a pesar de la decisión del Parlamento español.
La norma aprobada dispone que la Renta Mínima Anual Garantizada entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020 quedará suprimida y a partir del 21 de junio del año pasado quedará reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros donde se ubique el local respecto al que existió en ese mismo aeropuerto en 2019.
