Rodrigo de Santos: "Soy juzgado por mis antecedentes"

Lo ha hecho en su derecho a la última palabra al término de la última sesión del juicio que ha celebrado durante tres jornadas la Audiencia Provincial de Madrid, que sienta en e banquillo al que fuera concejal de Urbanismo del PP en Palma entre 2003 y 2007 por presuntas agresiones sexuales bajo coacción a dos presos que disfrutaban de permisos penitenciarios en 2017 en pisos de la Fundación Padre Garralda, en la que era coordinador.

La Fiscalía ha mantenido este miércoles la petición de veinte años de cárcel para él, al entender que sometió repetidamente a agresiones sexuales a los dos presos, después de haber sido condenado en 2010 por un delito de abuso sexual con acceso carnal a menor a cinco años de prisión.

Las dos acusaciones particulares han mantenido también su petición de cárcel: la del primer denunciante de los abusos a 94 años de prisión y la del segundo a veinte, como la Fiscalía.

Rodrigo de Santos, que ya defendió su inocencia al inicio del juicio, ha incidido en su alegato: "Me parece que estoy aquí solo por una razón, por mis antecedentes políticos y personales".

"Si soy condenado asumiré mi responsabilidad, pero tengo derecho a mi presunción de inocencia", ha dicho a la Sala, y ha expresado su dolor porque estar en el banquillo por este caso es volver a enjuiciarle, cuando él ya pagó su pena en prisión y ha hecho programas de rehabilitación.

"Lo que pido es que no se me enjuicie por mi pasado", ha sostenido.

Previamente la fiscal ha defendido la credibilidad del relato del primer denunciante, al que presuntamente Rodrigo de Santos sometió a varias agresiones sexuales en 2017, porque estuvo plagado de detalles que hacen improbable que sea inventado.

Ha sostenido la fiscal que la denuncia por abusos no se debió a una venganza porque Rodrigo de Santos le retiró al joven el aval de la Fundación, ya que esto es algo que el denunciante ya había pedido, sino a que ya no aguantó más la situación de abusos, en un contexto en el que Rodrigo de Santos era un coordinador "con poder y dominio" sobre los trabajadores y los presos, lo que ya había conllevado quejas.

Ha puesto de relieve asimismo que los peritos han demostrado que el primer denunciante tiene tendencias depresivas y estrés postraumático, y que el "modus operandi" para agredir sexualmente a este joven fue el mismo que usó con el segundo: enviarles mensajes, y amenazarles con su poder.

Sobre el funcionamiento de la Fundación, que la Fiscalía solicita que sea responsable civil subsidiaria porque era "la casa de tócame Roque, pasaban cosas increíbles", e incurrió "en una falta de interés y de cuidado" al consentir que un condenado por abusar sexualmente de un menor se encargara de los pisos a los que iban los presos.

Ha detallado que en aquel momento había una cúpula "de amigos que forman parte del mismo espectro político" que el procesado.

El letrado del primer denunciante, del despacho Red Jurídica, ha basado su petición de 94 años de cárcel en siete delitos de violación con la agravante de reincidencia en una declaración exhaustiva y espontánea de la víctima "que no puede ser inventada", y en las declaraciones de los peritos que han dicho en Sala que su versión es creíble y que tiene secuelas psicológicas.

Ha sostenido que Rodrigo de Santos actuó de una forma similar con el otro preso y a la llevada a cabo en el caso de abusos por el que fue condenado: "negó los hechos y acudió a la teoría de la conspiración".

Sobre la Fundación Padre Garralda ha dicho que la cúpula de 2017 estaba "mediatizada" porque tenía amistad con el procesado, y de hecho tras la denuncia no queda ninguno de sus dirigentes anteriores, y cometió "negligencia absoluta en sus labores".

Por su parte, la defensa del procesado, ejercida por los letrados David Salvà Coll y el exfiscal Pedro Horrach, ha mantenido que no han quedado probados los hechos relatados por los denunciantes, que han incurrido en contradicciones, y han atribuido las denuncias a una venganza porque Rodrigo de Santos recriminó al primero una mala actitud y éste aprovechó que se desvelaron sus antecedentes entre los trabajadores para acusarle. El segundo le secundó.

Salvà Coll se ha preguntado "si cabe la posibilidad de que una persona que en su día cometió unos hechos bajo los efectos de la cocaína y el alcohol, hoy pueda haber cambiado y no ser un depredador sexual", y ha respondido que sí, ya que el procesado lleva 4 años bien, atendido por un psiquiatra de la Seguridad Social.

La defensa de la Fundación Padre Garralda ha puesto de relieve que siete días después de la detención de Rodrigo de Santos el patronato nombró a una nueva directora general y poco después se convocó una junta para iniciar el despido del acusado.