El Govern no pedirá la doble vacunación a los empleados de las residencias de ancianos, tal y como tenía previsto regular en el decreto ley de Salud Pública. Los motivos son que se trata de una competencia estatal y el Govern quiere evitar litigios con el Estado por invasión de competencias.

Para solucionar el problema, los tres partidos del Pacto han presentado enmiendas al citado decreto ley, ahora en tramitación parlamentaria como ley, para modificar este apartado. Mediante esta modificación vía enmienda, se introducirá que se pedirá al Estado que lo regula en el Consejo Interterritorial de Salud, integrado por el Gobierno y las comunidades autónomas.

No obstante, desde la conselleria de Salud consideran que se deben tomar medidas para evitar contagios en centros tan vulnerables como son los geriátricos. En este sentido, la coordinadora de vacunación del Servei de Salut, Eugènia Carandell, indicó ayer a este periódico que los trabajadores de las residencias que no quieran vacunarse deberán someterse a pruebas de antígenos diarias para acceder a sus puestos de trabajo.

Por otra parte, este decreto no tiene nada que ver con el acceso a familiares, que el Govern solicitó permiso al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) para no vulnerar derechos fundamentales y se lo concedió.

La nueva norma, que saldrá del Parlament como Ley de Salud Pública de Balears, es la que regulará la agencia de Salud Pública que el Govern acordó crear en la remodelación del Ejecutivo del pasado mes de febrero. Este organismo todavía no tiene director, a la espera de que la citada norma le dé entidad jurídica y pueda empezar a funcionar creando su organigrama.