No solo las eléctricas están en el punto de mira de los consumidores. También las compañías aéreas, más aún después de un año y medio en el que la pandemia ha multiplicado las cancelaciones.
El pasado mayo la dirección general de Consumo del Govern solicitó por escrito a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que le informara sobre el estado de los expedientes abiertos contra varias aerolíneas que incumplieron su obligación de reembolsar el valor de los billetes a los clientes que cancelaron su vuelo durante la declaración del primer estado de alarma. En el escrito, firmado por el director general de Consumo, Félix Alonso, también se solicitaba el listado de aerolíneas que operaban en Balears e iban a ser objeto de un expediente, además del importe de las sanciones impuestas.
Sin embargo, la AESA se escudó en el anonimato de las compañías para no dar la información solicitada. «En lo relativo a la información sobre el importe y motivos individualizados de sanciones a compañías aéreas (...), debemos indicar que si se presentan de un modo desagregado afectan a intereses de terceros y por tanto esta información no puede ser compartida sin el consentimiento expreso de ellos», respondió la AESA en junio en un escrito firmado por la directora de la agencia, Isabel Maestre.
