El anuncio del Govern de implantar a partir del 15 de septiembre la obligatoriedad de exhibir el certificado covid europeo -que acredita que un ciudadano está vacunado con pauta completa o se ha recuperado de la enfermedad- para poder acceder a actividades de ocio, deportivas o determinados establecimientos como la restauración, parece que no pasará de una simple intención. Fuentes del Ejecutivo balear admiten que en estos momentos «es jurídicamente muy complicado» instaurar este requisito, por lo que se asume su inminente descarte.
El certificado impulsado por la UE lo expiden las autoridades sanitarias de cada Estado miembro (en las islas, la conselleria de Salud), y su finalidad es facilitar la movilidad de viajeros entre la Unión. Ni Bruselas ni el Gobierno central dan cobertura legal a su obligatoriedad para otras actividades, lo que ha hecho que varios tribunales españoles hayan negado esta posibilidad a otros tantos gobiernos autonómicos. Baleares es la única comunidad que formalmente todavía lo plantea; en privado, el Govern admite ahora que prácticamente ha renunciado a hacerlo para evitarse un varapalo judicial.
En la actualidad, en Baleares es obligatorio exhibir el certificado covid para acceder a las residencias de personas mayores, a las bodas y a los grandes eventos deportivos, como los partidos del Real Mallorca. El pasado 6 de agosto, la conselleria de Asuntos sociales y Deportes anunció que a partir de septiembre los mayores de 12 años deberán estar vacunados para participar en entrenamientos y competiciones, o acceder a gimnasios. La patronal de estos últimos mostró de inmediato su disconformidad. Ya entonces, desde el Govern se apuntó que la medida se haría extensiva a las actividades culturales y al ocio, conciertos, teatros, bares y restaurantes. Todo ello está a punto de decaer.
Hace unos días, la citada Conselleria ya informó a las federaciones deportivas de que carece de competencias legales para instaurar el certificado, y les emplaza a un encuentro a principios de septiembre, antes del inicio de las competiciones, para la decisión definitiva.
Antes que Baleares, otras comunidades autónomas han intentado imponer el requisito del también llamado pasaporte covid para acceder a actividades lúdicas y de ocio. Sin embargo, hasta ahora los Tribunales Superiores de Canarias, Galicia, Andalucía y Cantabria han rechazado las iniciativas de sus respectivos gobiernos en ese sentido. En el caso andaluz, incluso ya ha fallado el Tribunal Supremo, negando su aval porque considera que no se pueden generalizar las restricciones al limitarse derechos fundamentales.
Así las cosas, se ha abierto un debate interno en el Govern sobre la conveniencia de mantener la exigencia del certificado covid o exponerse a que los jueces terminen tumbándolo. La consellera Fina Santiago es una firme partidaria de implantar el pasaporte sanitario para las actividades deportivas; mientras, su homólogo en Turismo Iago Negueruela prefiere evitarse nuevos conflictos con la restauración, ahora que ésta ha empezado a hacer caja tras el largo parón.
«Posibilidades casi nulas»
Hay que recordar que Vox ya ha impugnado judicialmente la obligatoriedad en las residencias y eventos deportivos. «La Abogacía de la Comunidad lo está estudiando, después se tomará la decisión política», explican las citadas fuentes. No obstante, «las posibilidades» de implantar el certificado covid «son prácticamente nulas», admiten.
De hecho, hoy mismo se planteará el complicado escenario jurídico en la mesa de diálogo social, que reúne a patronales, sindicatos y Govern para acordar la desescalada en las restricciones. Se da por hecho que Menorca quedará sin limitación horaria para reuniones sociales y apertura de locales, y Formentera ganará una hora, hasta las dos de la madrugada, ambas por su bajada de incidencia.
Políticamente hay voces dentro del Govern que defienden el requisito del certificado covid como garantía de cuidado sanitario, si bien dicen ser conscientes de que afecta a derechos individuales. Esgrimen que se proporciona siempre la alternativa para los no vacunados de presentar una PCR o test de antígenos negativo para acceder a los locales; también, que en otros países del entorno europeo sí ha terminado instaurándose, al igual que para el acceso fronterizo en puertos y aeropuertos. Otro argumento para defender la necesidad del pasaporte covid es que ocho de cada diez ingresados en las UCI baleares no están inmunizados.
Aunque los propios defensores en el Ejecutivo del certificado covid obligatorio son conscientes de que visto lo visto es improbable su implantación, sostienen que el solo anuncio de la posibilidad ha incentivado la vacunación de muchos ciudadanos sin cita previa, lo que ya de por sí se considera positivo «porque ante una pandemia este Govern pone en valor la vacunación masiva».
