La patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Balears (PIMEIB), entidad formada por las PIME de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, tiene contraída una deuda con el Govern por valor de 1,2 millones de euros, al haber recibido subvenciones para organizar cursos de formación que no ha realizado ni justificado. El Govern, a través del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), le reclama este dinero pero le da un trato VIP y le permite fraccionar el reembolso de la deuda en 15 años. Incluso el Govern está dispuesto a condonarle los intereses y los recargos acumulados por la falta de pago que ascienden a 288.609 euros.
Todo ello se desprende del dictamen que emitió el Consell Consultiu el pasado mes de junio cuando desde la conselleria de Modelo Económico, Trabajo y Turismo que dirige Iago Negueruela se le solicitó para dar legalidad al acuerdo con la patronal PIMEB. Desde el Consultiu, después de dos dictámenes no ven con muy buenos ojos este trato VIP del Govern con la entidad empresarial, lo califican de «reprochable» y que incluso puede «sobrepasar los límites de la legalidad».
La problemática de esta deuda se remonta a varios años atrás, en concreto a antes de 2015, cuando la Pequeña y Mediana Empresa de les Illes Balears venía recibiendo subvenciones del SOIB para realizar cursos de formación para sus afiliados. El problema surgió cuando no pudo justificarse que estos cursos se hayan realizado y el Govern inicia el proceso de reclamación del dinero de la subvención que les habían concedido. Incluso tres partidas llegaron a ser reclamadas vía judicial con sentencia condenatoria para la patronal empresarial.
Negueruela justifica la operación diciendo que la entidad es «esencial para la política económica del Govern»
Al acumularse una deuda de tanto calado, 1,2 millones de euros, PIMEIB se dirige al Govern para pedir que se le fraccione el pago de esta cantidad y argumenta que la situación económica no permite abonarlo todo de golpe y en el caso de que no se le conceda este fraccionamiento, la entidad está abocada «a la disolución». A raíz de este escrito de la asociación empresarial se pone en marcha el fraccionamiento. El Govern ofrece abonar la deuda en 15 años y acepta condonar los intereses de demora y los recargos acumulados. Las devoluciones se deben realizar a razón de 67.000 euros en 2022, en 2023 un total de 71.000 euros, 75.000 en 2024 y así sucesivamente hasta culminar con una devolución de 111.000 euros en 2033 y 96.603 la última anualidad en 2034.
En el acuerdo por escrito entre PIMEIB y el SOIB, según relata el dictamen del Consell Consultiu, se refleja que si bien la entidad deudora es PIMEIB, en caso de no sufragar el déficit contraído, será la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) quien se hará cargo de la deuda en un 50%, mientras que el resto recaerá en un 25% a la PIME de Menorca y otro 25% en la PIME de Eivissa y Fomentera. Además, el presidente de PIMEIB es en estos momentos el mismo que PIMEM, Jordi Mora, que ha apoyado al Govern en todas sus medidas y planes durante la pandemia.
El acuerdo entre patronal y Govern para fraccionar el pago de la deuda debe ser ratificado por el Consell de Govern y para ello es preceptivo contar con un dictamen del Consell Consultiu. El informe del alto órgano jurídico no es vinculante. Desde la conselleria de Modelo Económico explicaron que la deuda que se fraccionará no llega al 1,2 millones de euros, es la mitad, ya que las subvenciones reclamadas vía judicial han sido excluidas del acuerdo, tal y como exige el Consultiu en su crítico dictamen. Desde PIMEIB indicaron que se está negociando con el Govern.
Informes de Negueruela y Pou
Por otra parte, para dar validez al acuerdo de fraccionar el reintegro de la deuda de PIMEIB y el SOIB, desde la conselleria de Modelo Económico que dirige Iago Negueruela apuntan que la subsistencia de esta patronal «resulta esencial y capital para el diseño eficaz, ágil y eficiente de la política económica del Govern». El informe, firmado por el director general Llorenç Pou, asegura también que esta patronal «aglutina a la mayoría de sectores económicos y le confiere un peso de gran representatividad en Balears».
Asimismo, para justificar la condonación de los intereses de demora y los recargos por no haber reembolsado la deuda, que ascienden a 288.609 euros, el interventor de la Agencia Tributaria de Balears (ATIB) emite un informe en el que justifica que esta cantidad «no supone un sacrificio desproporcionado para las arcas de la hacienda autonómica, ya que solo representa el 0,46% del presupuesto del SOIB del año 2019 o el 0,31 del de 2021».
No obstante, la jefa de los servicios jurídicos del SOIB emite un informe donde explicita que «no se pronuncia» sobre la legalidad de «la transacción».
Operación de «vertiente socio-económica y política»
El dictamen del Consell Consultiu es muy duro, especialmente contra el Govern. Apunta que se trata de una operación «con una vertiente socio-económica y política, la cual es la imposibilidad de devolver una subvención no justificada por un agente social hasta el punto que podría abocar a la desaparición de la entidad». Añade que el Consell Consultiu no es ajeno a esta vertiente pero no puede valorar la «proporcionalidad del coste económico para las arcas públicas de la transacción y la oportunidad de la pervivencia de la PIMEIB».
Acto seguido, en sus consideraciones jurídica apunta que «es del todo reprochable cómo se ha llegado a esta situación, a qué conceptos se han destinado unas subvenciones finalistas y por qué han fallado los mecanismos de control». El tirón de orejas del alto órgano jurídico es de consideración al criticar los motivos por los cuales se ha llegado a conceder subvenciones públicas por el importante montante de 1,2 millones de euros sin que se hayan justificado.
La jefa de los servicios jurídicos del SOIB no quiso pronunciarse sobre la legalidad de fraccionar la deuda
De igual modo, pone en duda el acuerdo de fraccionamiento de la deuda en 15 años, como pretende el Govern, argumentando que «habría que plantearse si estas subvenciones proceden de fondos de otras administraciones y si el Govern tendrá que abonar con cargo a sus presupuestos el coste de la transacción» con PIMEIB.
El Consell Consultiu arremete contra el informe del interventor de la Agencia Tributaria de Balears (ATIB) y del director del SOIB, quienes apuntan que condonar 288.609 euros de intereses de demora y recargos «no supone un sacrificio desproporcionado para las arcas públicas». El Consultiu le replica que 288.609 euros supone una cantidad nada desdeñable en términos comparativos». En este sentido señala que la operación no debe calcularse sobre el presupuesto del SOIB, en todo caso debe analizarse sobre el importe de la transacción y el coste económico para las arcas del Govern.
