El Consell de Mallorca presentó ayer la memoria de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT), el organismo insular para la lucha contra el urbanismo ilegal en el suelo rústico de Mallorca. En los últimos cuatro años el Consell de Mallorca ha ejecutado la demolición de 465 construcciones irregulares en el suelo rústico en la isla, 404 entre 2017 y 2020 y 61 en lo que llevamos de 2021. Este dato contrasta con las obras ilegales demolidas entre 2012 y 2016, donde tan solo fueron 39. La totalidad de derribos han sido realizados por los propios infractores con la finalidad de reducir el importe de la sanción que puede llegar al 90%.
El pasado año se detectaron un total 228 obras ilegales en Mallorca y se impusieron sanciones por valor de 4,3 millones de euros. De igual modo, en 2020 se realizaron 102 demoliciones, la mayoría de ellas también ejecutadas por los propietarios, teniendo en cuenta que la actividad administrativa estuvo interrumpida durante varios meses a consecuencia de la pandemia. Por ello, durante 2020 se ejecutaron 22 derribos menos que en 2019.
Respecto a la tipología de las infracciones urbanística que detectó la Agencia de Defensa del Territorio del Consell, en el año 2020 se encontraron con 47 viviendas irregulares y 39 piscinas excavadas sin licencia ni normativa urbanística que permitiera su construcción.
La consellera de Territorio, Maria Antònia Garcías, y el director de la Agencia, Tomeu Tugores, detallaron las principales cifras que arroja la memoria. Tugores indicó que incluso el pasado año se descubrieron construcciones ilegales en el paraje natural de la Serra de Tramuntana, en plena zona de máxima protección.
La actividad de la Agencia de Defensa del Territorio, mediante sus inspecciones, ha provocado la presentación de 163 proyectos de obra de legalización o de restablecimiento al estado anterior, que suman un total de 609 proyectos en los últimos cuatro años, entre 2017 y 2020. Estos proyectos generaron a los ayuntamientos de Mallorca unos ingresos aproximados de dos millones de euros en concepto de tasas e impuestos de construcciones para legalizar las obras.
191 denuncias de particulares
La consellera de Territorio, Maria Antònia Garcías, destacó que la Agencia recibió el año pasado 191 denuncias de particulares, la cifra más alta jamás registrada; en el año 2019 fueron 70. Por otro lado, la ADT recibió durante el pasado ejercicio 225 denuncias enviadas por organismos públicos (ayuntamientos, agentes de medio ambiente del Govern o el Seprona de la Guardia Civil, entre otros).
Se trata también de la cifra más alta registrada, ya que en el año 2019 fueron 166. «Estas cifras dejan ver claramente el reconocimiento al buen trabajo de la Agencia de Defensa del Territorio que, además, no ha bajado la guardia durante la pandemia», señaló la consellera. Garcías aprovechó la presentación de la memoria para agradecer a los municipios que han delegado sus competencias en la ADT y también destacó la mejora constante en la colaboración entre Seprona, agentes de medio ambiente y la Agencia de Defensa del Territorio en la lucha contra el urbanismo ilegal.
La Agencia de Defensa del Territorio gestiona la disciplina urbanística en suelo rústico y suelo rústico protegido de 35 municipios de Mallorca. Este año se han adherido cinco ayuntamientos más que dejan el control del urbanismo ilegal en manos del Consell de Mallorca.
Respecto a las localidades más infractoras, los responsables de la ADT indicaron que habitualmente suelen ser Algaida, Marratxí o Montuïri, localidades que cuentan con un gran número de hectáreas de suelo rústico.
El número de inspectores y trabajadores de la ADT se ha incrementado de 14 a 41 en siete años.
