«La educación concertada no ha visto la ley que ha pasado al Parlament, mientras que al sector público los han recibido a todos. Cuando desprecias o menosprecias a un sector y a sus trabajadores, pasan estas cosas. ¿Quieren consenso en algo que ni siquiera conoces? Difícilmente lo habrá». Con esta frase sentenció ayer Ismael Alonso, secretario general de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Balears (FEUSO), la actitud que la conselleria de Educación ha mantenido con la escuela concertada, según su versión, en relación a la elaboración de la primera ley educativa autonómica que se está tramitando en el Parlament.
«Hemos sido informados parcialmente del contenido de la ley, sin una reunión con el conseller Martí March. Queremos ir más allá: ser informados y que haya negociación. Si no hay consenso, será una ley con fecha de caducidad», declaró por su parte Llúcia Salleras, presidenta de Escola Catòlica de Balears (ECIB). El sector de la educación concertada reconoció en la rueda de prensa de ayer que del primer borrador a lo que llegó al Consell Escolar de Balears «se mejoró mucho», pero apuntaron que desconocen el contenido de lo que se está tramitando en el Parlament.
«En el Consell Escolar las enmiendas se votaron una por una, sin debate ni diálogo. El informe de la ley educativa se aprobó con muy pocos votos de diferencia, no es un informe representativo ni contundente», destacó Salleras. «Una ley que busca el consenso, con casi la mitad de los votos en contra, no lo tiene. El trámite duró dos sesiones a toda prisa, por videoconferencia y sin capacidad de debate», añadió el secretario general de FEUSO.
«Si no hay consenso ni negociación, será una ley educativa con fecha de caducidad»
La concertada en la red pública
Schola Libera hizo hincapié en la catalogación de la escuela concertada como parte de la red púbica educativa de Baleares. «Consideramos que la educación pública y la concertada son servicios públicos», explicó Ventura Blach, presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza de Balears (CECE). «En la introducción a la ley prácticamente se obviaba a la escuela concertada, y en la última reunión sí se aceptó su inserción en la red pública, pero no sabemos si se ha plasmado, ya que no hemos visto lo que está en el Parlament», añadió Blach.
«La concertada no ha visto la ley que está en el Parlament, y al sector público los han recibido a todos»
«Falta de sensibilidad»
Salleras expuso tres puntos para ejemplificar la «falta de sensibilidad» de Educación con la escuela concertada. «No tenemos nunca los mismos recursos de atención a la diversidad para atender a niños con necesidades de apoyo educativo, aunque las redes públicas y concertadas sean sostenidas con fondos públicos y el proceso de escolarización sea único», subrayó.
Por otro lado, la presidenta de ECIB se refirió a los desdoblamientos de las aulas, «algo que ha quedado más patente con los protocolos covid». En la educación pública, a partir de los 25 alumnos se desdobla el aula, mientras que en la concertada se hará a partir de los 29 estudiantes. «Los niños no tienen así las mismas condiciones. Las aulas desdobladas de centros públicos quedan consolidadas y es una manera encubierta de ampliar la oferta de plazas de centros públicos», relató.
Por último, Salleras denunció la «falta de convocatorias de mesas de enseñanza concertada», al haberse convocado «solo una» entre febrero y final de curso, en junio. «A finales de agosto o principios de septiembre habrá la siguiente mesa, pero por ahora son más informativas y no de negociación. Cuando nos convocan tienen todo cocinado, la normativa ya está preparada, y sencillamente nos informan», explicó.
Así, Schola Libera subrayó las tres grandes peticiones a Educación: «igualdad» en el trato, «transparencia» en la información y una negociación «efectiva y real». «Tenemos un 40% de los alumnos de las islas y un 24% del personal, y queremos negociar de manera efectiva», puntualizó Salleras.
