El Parlament validó ayer el decreto ley por el que se endurecen las sanciones por participar en botellones o fiestas ilegales desde los 1.000 euros. El endurecimiento de las multas salió adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos y Més, la abstención de PP, Ciudadanos y El Pi y con el voto en contra de Vox.
La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, encargada de defender el decreto, explicó que la norma tiene el objetivo de «disuadir» a la población de incumplir las medidas sanitarias. «Está dirigida a una minoría en beneficio de la mayoría», indicó. En esta línea, la consellera defendió la necesidad de que transmisión del virus en las islas «dada en fiestas ilegales y botellones, tiene que ser cortada».
«Queremos ser contundentes e inflexibles», pronunció. Según la consellera, «hay unos pocos que ponen en peligro el trabajo de todos», cuando, defendió, el comportamiento de la mayoría de ciudadanos «es excepcional».
De este modo, se sanciona con un mínimo de 1.000 euros la participación en un botellón; un mínimo de 2.000 si se participa en un botellón siendo contacto estrecho y con un mínimo de 5.000 euros si se hace botellón siendo positivo de covid. También se sancionará con mínimo 5.000 euros la venta de alcohol fuera del horario permitido.
Apoyo a las policías locales
Por otra parte, el Parlament validó, esta vez con los votos a favor de la izquierda y de El Pi, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de PP y Vox, el decreto ley de coordinación de policías locales, que permite crear la figura del Agente Covid. Garrido explicó que «se configuran como agentes de autoridad, pero no son policías ni tienen vocación de serlo ni de suplir sus tareas» sino que solo «tienen el objetivo de apoyar hasta el 31 de diciembre del 2022, a los ayuntamientos en el control del cumplimiento de la normativa covid.
