La sentencia del Tribunal Constitucional, conocida este miércoles, que declara ilegal el primer estado de alarma aprobado por el Gobierno, pone en duda la legalidad de las sanciones impuestas por incumplimiento de las órdenes de la autoridad. En Balears se impusieron un total de 3.600 sanciones, de las que casi 800 se pagaron por adelantado, con lo que los infractores se beneficiaron de una reducción de la multa. Sin embargo, otras 2.655 sanciones todavía no se han cobrado y según señalaron este miércoles fuentes jurídicas, serán inmediatamente anuladas como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Si el estado de alarma era ilegal, no se puede sancionar por no cumplir las normas impuestas en esta situación irregular acordada por el Gobierno.
La primera fase del estado de alarma fue la más dura. Fue el periodo de confinamiento obligatorio y se prohibía la presencia de los ciudadanos en la calle, salvo casos muy excepcionales.
No todos los ciudadanos cumplieron estas normas y muchos de ellos fueron propuestos para ser sancionados. De hecho, se presentaron unas 25.000 propuestas de sanción, pero la mayoría de ellas fueron desestimadas por la propia administración al no demostrarse la desobediencia a la autoridad.
Cabe recordar también que hubo ciudadanos en Mallorca que llegaron a ser detenidos por las reiteradas desobediencias y varios de ellos han sido condenados por no obedecer las órdenes de la autoridad. De momento, al no conocerse los argumentos jurídicos de la sentencia del Tribunal, no se sabe de qué forma puede afectar esta decisión a estas personas condenadas por desobedecer las restricciones del estado de alarma.
Sin embargo, los expertos sí coinciden en que las sanciones que todavía no se han cobrado, quedan automáticamente anuladas y por lo tanto no se tendrán que pagar. Lo que no se sabe es qué pasará con las multas abonadas, ya que se desconoce si se podrá exigir a la administración que devuelva el dinero
